Berlín se queja de que los mecanismos de control y los detalles para la implementación aún no están bien establecidos. Otros países de la UE, incluidos Austria y varios otros ministros de agricultura, también presionan para un aplazamiento. La nueva normativa exige una documentación precisa sobre el origen de diversos productos, lo que resulta difícil de cumplir para muchos productores pequeños.
Sin embargo, tanto los agricultores europeos como socios comerciales internacionales como Brasil e Indonesia temen que se generen obstáculos en la exportación.
La ley EUDR exige que desde el 1 de enero las empresas puedan demostrar que sus productos como soja, aceite de palma, café y cacao no provienen de áreas de selva deforestada. La tala de la selva se considera una de las principales causas del cambio climático y la pérdida de biodiversidad.
Esto no solo afecta a los países exportadores, sino también a las empresas importadoras. Las nuevas reglas se aplican también a productos fabricados en la UE y exportados dentro de los países miembros.
También en Alemania hay críticas. La industria del papel y la impresión, que depende de la madera sintética, advierte que la ley les afectará de manera desproporcionada. Esto se debe a que deben poder probar que su madera no proviene de zonas "deforestadas". Otros países con abundantes bosques (y productores de madera) como Suecia, Finlandia y Austria también se quejan.
El ministro Özdemir declaró el viernes en una conferencia de prensa, tras la reunión semestral con los ministros de agricultura de los 16 estados federados alemanes, que "Alemania no tiene un problema de deforestación". Señaló que recientemente la UE - con él mismo - ha insistido en menos burocracia y regulaciones para los agricultores. Eso también debería aplicarse al sector forestal.
La Comisión Europea ya anunció a principios de este mes su intención de mantener el calendario actual. Sin embargo, Bruselas está trabajando en apoyo para ayudar a los países y empresas a implementar las nuevas reglas. No obstante, el debate sobre una posible prórroga sigue aumentando, especialmente ahora que varias grandes economías dentro de la UE han expresado sus preocupaciones sobre la ejecución práctica de la nueva normativa.