La liberación de los trabajadores se produce tras un incidente en el que un trabajador indio murió en un accidente laboral cerca de Roma. Este suceso ha generado un debate sobre las pésimas condiciones laborales en el sector agrícola italiano.
El gobierno italiano, a raíz de este accidente, ha intensificado las inspecciones contra el trabajo ilegal y la explotación en el sector agrícola. Esto ocurre varias veces al año, pero de forma estructural se hace poco para combatir la contratación masiva de trabajadores extranjeros ilegales en las zonas rurales italianas.
Los trabajadores agrícolas en Verona laboraban siete días por semana, doce horas diarias, por un salario de solo cuatro euros por hora. La policía descubrió que algunos trabajadores llegaron a pagar 13.000 euros por un permiso de trabajo inexistente.
Se han confiscado bienes valorados en 475.000 euros pertenecientes a los dos sospechosos. Estos poseen dos explotaciones agrícolas sin empleados oficiales.
Este caso forma parte de un problema mayor de explotación laboral en Europa, donde los migrantes suelen trabajar en condiciones deplorables en sectores mal pagados como la agricultura. Italia, al igual que muchos otros países europeos, enfrenta una escasez de mano de obra, que es parcialmente suplida por migrantes.
El gobierno italiano ha prometido endurecer las sanciones contra las empresas acusadas de tales prácticas y ha anunciado medidas para mejorar la protección de los trabajadores migrantes. Esto incluye inspecciones más rigurosas y penas más severas para los explotadores.
La cuestión de la explotación laboral no se limita a Italia. Es un problema extendido en toda Europa que requiere un enfoque coordinado a nivel internacional. Los trabajadores migrantes de países como India, así como de África y Europa del Este, son a menudo vulnerables a la explotación debido a su situación legal precaria y la falta de protección.
Organizaciones internacionales y activistas por los derechos laborales abogan por una mejor protección de los trabajadores migrantes y una aplicación más estricta de las leyes laborales para prevenir la explotación. También se demanda una mejor información para los migrantes sobre sus derechos y los riesgos del trabajo ilegal.