En Polonia, todos los diez partidos de oposición de centro-izquierda y liberales, junto con varios grupos de la sociedad civil, han alcanzado un acuerdo para revertir los controvertidos nombramientos de jueces. También buscan con ello poner fin al “desastroso conflicto” con la Unión Europea y asegurar la liberación de los subsidios de la UE.
El Tribunal de Justicia Europeo condenó recientemente a Polonia a una multa de un millón de euros diarios por no cumplir una sentencia anterior que ordenaba suspender su cámara disciplinaria para jueces. Además, Bruselas puede ahora retener como sanción los subsidios polacos para la agricultura y la recuperación.
El primer ministro polaco Morawiecki ha nombrado recientemente un ministro de agricultura menos controvertido, pero sigue oponiéndose a reglas europeas más estrictas sobre bienestar animal (como la prohibición de jaulas y bioseguridad) y normativas agrícolas. Esto hace prever que la distribución de fondos agrícolas de la UE en la nueva PAC también causará problemas entre Bruselas y Varsovia.
Los firmantes han presentado un plan de diez puntos para restaurar la independencia del poder judicial polaco, que consideran una “condición sine qua non para la democracia, supervisión electoral independiente y la protección de los derechos individuales”.
Como prioridad, el acuerdo pide la reposición de jueces que habían criticado la política judicial del gobierno PiS y que fueron suspendidos. También aboga por la eliminación de la cámara disciplinaria del Tribunal Supremo establecida por el gobierno, considerada ilegal por numerosas instituciones internacionales y nacionales (entre ellas el propio Tribunal Supremo).
El documento fue firmado por diez partidos políticos, entre ellos la centrista Plataforma Cívica (PO), el liberal Moderno (Nowoczesna), el agrario Partido Popular Polaco (PSL), Nueva Izquierda (Nowa Lewica), Izquierda Juntos (Lewica Razem) y el centrista Polonia 2050 (Polen 2050).
Estas seis formaciones mayores están acompañadas por cuatro grupos más pequeños, junto con varias organizaciones sociales y jurídicas. Según una encuesta reciente, los diez partidos suman más del 40% de los escaños en el parlamento y casi el 50% del apoyo público.
Los firmantes consideran que todos los nuevos jueces nombrados recientemente por la mayoría conservadora nacionalista PiS en el parlamento deben ser reemplazados por jueces designados por otros jueces, como era habitual anteriormente.