Los ministros de Agricultura de los países de la UE discuten en Koblenz, Alemania, el futuro de la política agrícola común europea. Tanto partidarios como opositores del Pacto Verde Europeo protestarán a partir del domingo. Exigen más sostenibilidad o menos recortes.
Los ministros se reúnen el domingo y lunes en Koblenz; el comité de agricultura del Parlamento Europeo reanudará sus deliberaciones el miércoles tras el regreso del receso de verano, sobre el presupuesto plurianual, la política agrícola común y el Pacto Verde. Y dado los desacuerdos y conflictos de intereses, estas podrían ser negociaciones explosivas, no solo entre las facciones políticas, sino también con la Comisión Europea, los consejos de ministros e incluso con los jefes de estado y de gobierno.
Hasta hace algunos años era más o menos habitual que el Comisario de Agricultura de la UE, la Comisión Europea de Agricultura y los ministros de Agricultura fijaran la política y los presupuestos; ahora en Bruselas la bandera agraria ondea de forma muy diferente.
Durante años muchos países de la UE pidieron reducir el gasto agrícola de la UE, algo que durante mucho tiempo fue bloqueado por los grandes países agrícolas. Casi un tercio de todo el presupuesto de la UE va a Agricultura. Debido a que ahora se deben liberar cientos de miles de millones para el fondo de recuperación post-COVID, nadie, ni siquiera AGRI, se salva de recortes. Y eso podría significar que las subvenciones de la PAC se redistribuyan de forma muy distinta.
Europa quiere ser líder mundial en la lucha contra el cambio climático y en la protección de la naturaleza y el medio ambiente, pero la UE aún lucha por conciliar esa visión con su propio enorme sistema de subvenciones agrícolas. El bloque también está trabajando en la reforma de su Política Agrícola Común (PAC) de 336 mil millones de euros, que la Comisión considera crucial para alcanzar esos objetivos “verdes”.
Además, en los próximos seis meses deberá quedar claro si efectivamente la comisión de Medio Ambiente ENVI tomará el mayor control sobre los presupuestos del Pacto Verde y, con ello, sobre la parte principal del presupuesto AGRI.
Antes incluso de que la Unión Europea haya aprobado la legislación del Pacto Verde, la propuesta ya enfrenta objeciones y reservas de algunos países de la UE y grupos de presión agrícolas. Seis países de Europa del Este solicitaron este mes que los objetivos verdes sean “consultivos” en lugar de “vinculantes”.
Bruselas no puede esperar que los agricultores “apoyen una estrategia que socava la viabilidad de sus propios sectores”, advirtió Pekka Pesonen, jefe del lobby agrícola europeo Copa & Cogeca, en mayo. El comisario europeo de Agricultura, Janusz Wojciechowski, ha dicho previamente que los planes de Bruselas pueden “revisarse” si amenazan la competitividad o la seguridad alimentaria.
Los críticos ahora se preguntan si la reforma de la política agrícola y el Pacto Verde realmente pueden armonizarse o si uno dominará al otro. El debate sobre hasta qué punto los agricultores deben ser incentivados para adoptar medidas medioambientales—y cuánto dinero necesitarán para ello—seguirá marcando la agenda de muchos políticos del Parlamento Europeo durante el próximo semestre.

