Los tres países se niegan a abrir sus fronteras al grano y otros productos agrícolas procedentes de Ucrania. Argumentan que sus agricultores no pueden competir con la agricultura ucraniana más barata. Bruselas enfatiza que el nuevo acuerdo comercial ofrece garantías para los sectores vulnerables.
El acuerdo comercial renovado con Ucrania entró en vigor la semana pasada. Según la Comisión Europea, dicho acuerdo ofrece un equilibrio entre el apoyo a la economía ucraniana y la protección de los agricultores dentro de la UE.
La Comisión está ahora en conversaciones con los tres gobiernos renuentes para persuadirlos de levantar sus restricciones comerciales. Si esas conversaciones no prosperan, Bruselas no descarta iniciar procedimientos legales ante el Tribunal de Justicia Europeo.
Sin embargo, los ministros de Agricultura de Polonia y Hungría mantienen su postura. Consideran que la Comisión Europea presta demasiada atención a Ucrania y muy poca al posicionamiento de sus propios agricultores. También Eslovaquia cree que las garantías del nuevo acuerdo no ofrecen suficiente protección.
El conflicto no es solo agrícola, sino también político. En Polonia, Hungría y Eslovaquia la cuestión es delicada, especialmente tras protestas de agricultores que se sienten perjudicados por las importaciones baratas desde Ucrania. Además, Hungría y Eslovaquia dentro de la UE adoptan una postura pro-Moscú y se oponen a un apoyo militar y financiero excesivo a Kiev.
La Comisión Europea califica las prohibiciones de importación como "contrarias a las normas del mercado interno" y afirma que socavan la política comercial común de la UE. Sin embargo, Bruselas subrayó en una primera reacción que prefiere el diálogo a la coerción legal.
Tras la disputa sobre la importación agrícola subyace un debate mayor: las negociaciones de adhesión de Ucrania a la Unión Europea. La gran escala del sector agrícola ucraniano frente al de los agricultores europeos representa un gran obstáculo en esas negociaciones.