La Unión Europea y Estados Unidos han impuesto simultáneamente nuevas medidas punitivas contra la industria energética rusa. Tanto el petróleo como el gas están sujetos a las sanciones, con las que Bruselas y Washington intentan agotar aún más el fondo de guerra del Kremlin.
El componente principal del paquete europeo es la prohibición de importar y comerciar gas natural licuado (GNL) de Rusia. Los contratos cortos expiran en seis meses, y los acuerdos a largo plazo finalizan a más tardar el 1 de enero de 2027.
Según los líderes europeos, es una decisión histórica que afecta duramente a la máquina de guerra de Moscú. Las medidas no solo deben afectar financieramente a Rusia, sino también reducir la dependencia energética de Europa.
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Las sanciones tienen impacto en el mercado mundial del petróleo. Dado que China e India deben buscar nuevos proveedores, los precios del petróleo en otras regiones aumentan. Los comerciantes también esperan que se incrementen los costes de transporte y las primas de seguro.
Otro punto clave del paquete es que la UE, por primera vez, también impone sanciones a empresas extranjeras que facilitan la exportación rusa. Particularmente, se afectan compañías en Asia.
En la lista de sanciones figuran, entre otras, las refinerías chinas Liaoyang Petrochemical y Shandong Yulong, así como la empresa comercial Chinaoil Hong Kong. Según la UE, compran grandes cantidades de petróleo ruso y constituyen una fuente importante de ingresos para Moscú.
Estados Unidos dirige sus propias sanciones directamente contra los gigantes petroleros rusos Rosneft y Lukoil y sus decenas de filiales. Washington afirma que estas empresas financian en parte la guerra del Kremlin.
Por las medidas estadounidenses, grandes compañías petroleras estatales chinas han suspendido temporalmente sus compras de petróleo ruso por vía marítima. Temen ser afectadas por las sanciones estadounidenses.
En Europa, simultáneamente, se avanza en la lucha contra la flota fantasma rusa. Más de quinientos barcos que transportan petróleo ruso ya no tienen acceso a puertos ni servicios europeos.
En conjunto, las decisiones de la UE y EE. UU. constituyen la ola de sanciones coordinadas más dura desde el inicio de la guerra en Ucrania. Su objetivo común: debilitar económicamente a Rusia y continuar apoyando políticamente a Ucrania.