Los sindicatos europeos consideran que los derechos de los trabajadores temporales en la agricultura y horticultura deben incorporarse legalmente en la nueva política agrícola común europea.
En una Carta Abierta se hace un llamamiento para que se establezcan los “derechos sociales” del personal temporal en las actuales negociaciones trilógicas sobre la nueva política agrícola de la UE.
La Carta Abierta ha sido firmada por una amplia alianza de más de 300 sindicatos internacionales y nacionales, organizaciones de trabajadores y grupos de solidaridad, entre ellos, desde Países Bajos, CNV, FNV, Greenpeace y Amnistía Internacional.
En el llamamiento se hace referencia, entre otros puntos, a principios del año pasado, cuando estalló la pandemia de coronavirus y se impusieron prohibiciones de viaje a grandes grupos de trabajadores extranjeros. No podían desplazarse a ningún lugar, mientras que en muchos países de la UE la agricultura tenía una gran necesidad de personal temporal.
El llamamiento para incluir 'derechos sociales' en la PAC amenaza con convertirse en un nuevo obstáculo para las ya difíciles negociaciones trilógicas entre el Parlamento Europeo, la Comisión Europea y los 27 ministros de Agricultura.
Muchos gobiernos tienen reservas, señalando las enormes diferencias en el pago y el trato a los trabajadores temporales (que suelen ser extranjeros). Además, estas diferencias no solo varían entre países, sino también entre sectores industriales.
Por otro lado, los sindicatos consideran que esas grandes diferencias son precisamente un argumento para regular algo a nivel de la UE. Recientemente, el Parlamento Europeo estableció una regulación para un salario mínimo legal, aunque los países de la UE argumentan que las condiciones laborales, los convenios colectivos y los salarios son cuestiones nacionales que no están bajo la competencia de la UE.
El Parlamento Europeo ha apoyado firmemente la inclusión de 'condicionalidad social' en la PAC. Las condiciones se relacionarían con las horas de trabajo, salud y seguridad, y la vivienda para los trabajadores móviles y migrantes.
En la Carta Abierta, publicada el 17 de febrero, se propone vincular los pagos directos de la PAC (en el primer pilar) al cumplimiento de las condiciones laborales. Aunque actualmente las subvenciones de la PAC ya dependen de aspectos como las normas medioambientales, la salud pública y el bienestar animal, hasta ahora los derechos sindicales y los “derechos sociales” no influyen en el pago de las ayudas agrícolas.
Según los firmantes, las condiciones laborales en el sector agrícola europeo están entre las “más desafiantes y precarias” de la economía de la UE. También señalan la frecuente existencia de abuso laboral y explotación.
Al menos diez millones de personas trabajan en la agricultura europea, principalmente como trabajadores temporales, jornaleros o en otra situación precaria, en la que nada menos que el 61,2% de los trabajadores agrícolas realizan “trabajo informal”.