Catorce países de la Unión Europea, entre ellos Países Bajos, presentan un nuevo compromiso sobre las futuras subvenciones ambientales en la agricultura europea. Retiran su propuesta anterior, que fue criticada, para un período de prueba de dos años para los eco-esquemas. Además, el dinero correspondiente al 25 por ciento de las subvenciones de la PAC destinado a los objetivos del Green Deal permanecerá etiquetado.
Los ministros esperan lograr un avance en las negociaciones estancadas con el Parlamento Europeo y la Comisión Europea. Estas negociaciones se paralizaron a principios de mes cuando la ministra alemana Julia Klöckner —tras la prórroga ya establecida de dos años— quiso además implantar un período de prueba de dos años a partir de 2023.
En una reunión ministerial informal, el pasado martes, los ministros de Alemania y Austria presentaron ahora una nueva “clave de reparto”. En esta se mencionan por primera vez cantidades concretas (72 mil millones para los eco-esquemas), ese 25 % ‘desde el primer año’ y las subvenciones ambientales liberadas no se redirigirán hacia las subvenciones agrícolas generales.
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La propuesta contó con el apoyo de Rumanía, Letonia, Hungría, Chequia, Países Bajos, Grecia, Bulgaria, Luxemburgo, Suecia, Bélgica, Polonia e Irlanda. “Esto significa que 14 países de la UE apoyan expresamente nuestra demanda”, declaró satisfecha la ministra austriaca Köstinger.
En la reunión ministerial informal también estuvieron presentes una delegación de COPA-COGECA y el presidente de la comisión de agricultura del Parlamento Europeo, el democristiano alemán Norbert Lins. Él constató que los ministros ahora mostraron mayor disposición para el compromiso.
Pero aún no se han resuelto todas las cuestiones controvertidas. El Parlamento Europeo desea reservar el 7 % de tierras cultivables para la conservación de la naturaleza. Para los Estados miembros de la UE esto es excesivo. Ellos solo quieren reservar el 4 % de las tierras de cultivo para la protección de especies. Además, el Parlamento quiere establecer desde ahora la reducción de productos químicos agrícolas. Los ministros prefieren primero realizar una evaluación del impacto.