Las nuevas normas buscan una mejor monitorización y registro de la calidad del suelo en los Estados miembros. Los países de la UE deben identificar los riesgos de contaminación, elaborar un inventario de sitios contaminados y desarrollar una política nacional para la salud del suelo.
Es llamativo que la entrada en vigor de este reglamento vaya acompañada de un largo período de transición. Solo para 2050 los países de la UE deberán haber elaborado inventarios completos de suelos contaminados. Esto significa que muchas posibles acciones de limpieza podrían tardar años en concretarse.
Existe una gran variación entre los países de la UE en cuanto a la normativa y esfuerzos existentes. Países como Alemania, Bélgica y los Países Bajos ya cuentan con sistemas extensos para la descontaminación de suelos. En contraste, muchos países de Europa del Este y del Sur apenas tienen normativas o procedimientos, según el Parlamento Europeo.
Durante las negociaciones se escuchó sobre todo una fuerte oposición desde los ámbitos agrícolas. Organizaciones de agricultores y habitantes rurales de varios países advirtieron sobre la sobrerregulación y costes adicionales. Al mismo tiempo, muchos ministros de medio ambiente respaldaron disposiciones más estrictas que finalmente no se adoptaron.
Las críticas llevaron a que en el texto final del reglamento se eliminaran casi todos los elementos controvertidos. En lugar de objetivos vinculantes, solo se incluyen recomendaciones generales. Por lo tanto, no existen obligaciones directas para la restauración o protección de los suelos.
Especialmente el hecho de excluir la agricultura y la silvicultura del ámbito de aplicación de la ley preocupa a algunos. Aunque las partes involucradas presentan el acuerdo como un avance, está claro que el compromiso alcanzado ahora deja muchas preguntas abiertas. Se espera que en los próximos años se propongan nuevas medidas para reforzar o ampliar el reglamento de suelo limpio.