Hungría ha declarado que permitirá la libre circulación del presidente ruso, independientemente de la acusación internacional. El primer ministro Viktor Orbán afirmó que su país no colaborará en la ejecución de la orden de arresto del CPI.
La elección de Budapest como lugar genera división dentro de la UE. Mientras algunos países de la UE están preocupados por el mensaje político que transmite, Orbán considera la cumbre como un éxito diplomático que fortalece su perfil internacional.
La llegada de Putin presenta complicaciones logísticas. El espacio aéreo de la UE está cerrado a los aviones rusos, lo que requiere una exención especial por parte de uno o más estados miembros. Bruselas enfatiza que la responsabilidad recae en las autoridades nacionales.
Si la reunión ocurre, sería la primera visita de Putin a una capital de la UE desde la guerra a gran escala de Rusia contra Ucrania en 2022. Esto por sí solo hace que el encuentro sea políticamente sensible y cargado de simbolismo.
Dentro de la OTAN y la UE existe preocupación de que una cumbre bilateral en Budapest sea utilizada por Moscú para sugerir un reconocimiento internacional. Además, según diplomáticos, una reunión cumbre sin participación europea podría interpretarse como una debilidad.
Orbán aprovecha la oportunidad para presentar a su país como “la isla de la paz”. Con ello, reposiciona a Hungría entre Este y Oeste, pero también como un caso atípico dentro de la Unión Europea.
Mientras tanto, las instituciones de la UE analizan las implicaciones jurídicas, políticas y de seguridad de la cita propuesta. Bruselas contempla escenarios en los que la Unión pueda verse indirectamente involucrada en apoyo logístico o en otorgar acceso al espacio aéreo.
La Comisión Europea se mantiene cautelosa públicamente. Un portavoz declaró que cualquier paso hacia una “paz justa y duradera para Ucrania” es bienvenido, pero subrayó que Putin está sujeto a sanciones y que cada país de la UE decide sobre exenciones.