En Polonia, los diez partidos de oposición de centro izquierda y liberales, junto con varios grupos de la sociedad civil, han llegado a un acuerdo para revertir los controvertidos nombramientos de jueces. También quieren poner fin al “conflicto devastador” con la Unión Europea y asegurar el pago de los subsidios EU.
El Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas condenó recientemente a Polonia a una multa de un millón de euros diarios por incumplir una sentencia anterior que suspendía su sala disciplinaria de jueces. Además, como sanción, Bruselas ahora también puede retener los subsidios agrícolas y de rehabilitación polacos.
El primer ministro polaco Morawiecki nombró recientemente a un ministro de agricultura menos controvertido. pero continúa oponiéndose a las estrictas reglas EU para el bienestar animal (por ejemplo, prohibición de jaulas, bioseguridad) y regulaciones agrícolas. Como resultado, se espera que la distribución de fondos agrícolas EU en la nueva PAC también genere problemas entre Bruselas y Watrschau.
Los signatarios han presentado un plan de diez puntos para restaurar la independencia del poder judicial polaco, al que denominan "condición previa sine qua non para la democracia, la vigilancia electoral independiente y la protección de los derechos individuales".
Como prioridad, el acuerdo contempla la reinstalación de los jueces que criticaron las políticas judiciales del gobierno del PiS y fueron suspendidos. También pide la abolición de la Sala de Disciplina de la Corte Suprema establecida por el gobierno, que ha sido considerada ilegal por una serie de órganos nacionales e internacionales (incluida la propia Corte Suprema).
El documento fue firmado por diez partidos políticos, entre ellos la centrista Plataforma Cívica (PO), el liberal Moderno (Nowoczesna), el agrario Partido Popular Polaco (PSL), la Nueva Izquierda (Nowa Lewica), Izquierda Juntos (Lewica Razem) y la centrista Polonia 2050 (Polonia 2050).
A esos seis partidos más grandes se unen cuatro facciones más pequeñas, junto con varias organizaciones sociales y legales. Según una encuesta reciente, los diez partidos juntos tienen más de 40% de escaños en el parlamento y casi 50% de apoyo público.
Los signatarios creen que todos los nuevos jueces, nombrados recientemente por la mayoría conservadora-nacionalista del parlamento PiS, deberían ser reemplazados por jueces designados por jueces, como era el caso antes.