El parlamento polaco ha dado un nuevo paso hacia una confrontación político-jurídica con la Unión Europea. El conservador-nacionalista parlamento en Varsovia aprobó la controvertida ley que permite destituir a jueces si critican las reformas jurídicas del gobierno. La ley fue presentada por el partido gobernante conservador PiS, que tiene mayoría absoluta.
Los jueces tampoco podrán criticar en la nueva ley el nombramiento de nuevos jueces ni pronunciarse sobre asuntos políticos. El proyecto de ley provocó bastante inquietud, no solo en Polonia, sino también en la Comisión Europea y en el Parlamento Europeo. En otras áreas políticas, el gobierno del PiS también rechaza muchas tendencias liberales europeas. En respuesta, la UE amenaza con retener subsidios europeos.
El Tribunal Supremo polaco advirtió a principios de esta semana sobre las consecuencias de la ley, que posiblemente cause una ruptura con la UE. Según el Tribunal Supremo, esta ley está especialmente diseñada para dar libertad al presidente Andrzej Duda para elegir en mayo de 2020 a un nuevo presidente del tribunal. Con la nueva ley, otros miembros no podrán oponerse al nombramiento realizado por Duda, considerado aliado del PiS.
Alcaldes pro-europeos de las capitales de Hungría, Polonia, Eslovaquia y Chequia han formado una alianza sobre este tema. Quieren impulsar juntos una financiación europea más directa para sus proyectos locales, evitando así a sus propios gobiernos.
Los alcaldes de Budapest, Varsovia, Bratislava y Praga llaman a su acuerdo un “pacto de ciudades libres”. Quieren comprometerse a “proteger y promover valores conjuntos como la libertad, la dignidad humana, la democracia, la igualdad, el estado de derecho, la justicia social, la tolerancia y la diversidad cultural”.
Los gobiernos conservadores y euroescépticos, especialmente de Polonia y Hungría, mantienen una relación tensa con la Unión Europea. Bruselas acusa a estos países de socavar el estado de derecho. Los cuatro alcaldes optan explícitamente por un rumbo diferente.