El borrador del tratado marca un paso importante en la lucha europea contra la esclavitud moderna y las violaciones de los derechos humanos.
El acuerdo, que se espera que tome forma legal tras las elecciones europeas de junio por el nuevo Parlamento Europeo y la Comisión Europea posterior, es considerado una señal fuerte contra las violaciones de derechos humanos a nivel mundial.
El pacto surge en un momento de creciente preocupación por las violaciones de derechos humanos en Xinjiang, China, donde la Unión Europea ha centrado su atención. Considerando a China como uno de los principales socios comerciales de la UE, esta prohibición se ve como una presión para que China revise su política respecto al trabajo forzado.
Además, la Unión Europea ha indicado que la prohibición de importación también aplicará a productos de otros países y regiones donde se practique trabajo forzado.
El anuncio de la prohibición ha generado ciertas tensiones entre la Unión Europea y China. Funcionarios chinos han calificado la medida como una interferencia en asuntos internos y han amenazado con tomar represalias. Alegan que China ya ha tomado medidas para mejorar las condiciones laborales y acusan a la Unión Europea de actuar con motivaciones políticas.
En respuesta a las críticas chinas, la Unión Europea ha enfatizado que la prohibición no está dirigida a ningún país en específico, sino que se centra en el principio de erradicar el trabajo forzado en las cadenas de suministro globales. La UE ha expresado en repetidas ocasiones su preocupación por la situación en Xinjiang y ha solicitado mayor transparencia y cumplimiento de los derechos humanos.