Los auditores realizaron una investigación en cuatro países de la UE sobre los pagos del Fondo de Cohesión y de las subvenciones agrícolas, que juntos constituyen los mayores gastos de la UE. Los investigadores señalan que hay escasa información disponible públicamente sobre la magnitud de los conflictos de interés en la gestión de los gastos de la UE.
Tampoco hay claridad sobre el grado y la extensión de este tipo de conflictos. No todas las irregularidades se informan a Bruselas, o se detectan y corrigen a nivel nacional antes de que la Comisión solicite el dinero.
De acuerdo con las normas vigentes de la UE, todas las personas involucradas con subvenciones de la UE (a nivel comunitario y nacional) están obligadas a evitar conflictos de interés. Si se sospecha o detecta un conflicto, la autoridad correspondiente debe asegurarse de que la persona implicada renuncie a sus responsabilidades relacionadas.
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El Tribunal de Cuentas Europeo indica que en muchos países de la UE, la firma de una denominada “declaración personal” es el método más usado para prevenir conflictos de interés. Se ha demostrado anteriormente que en numerosos países de la UE sólo se actúa cuando el abuso ya ha ocurrido.
Además, los investigadores observaron que en los cuatro países examinados (Alemania, Hungría, Malta y Rumanía) no era obligatorio que los ministros que estaban involucrados en decisiones sobre programas de la UE y la asignación de subvenciones firmaran dichas declaraciones personales.
Los auditores consideran que los países de la UE ponen mucho énfasis en detectar conflictos de interés en sus propias contrataciones públicas, pero prestan insuficiente atención a las debilidades en sus propios procesos y procedimientos.