El hecho de que los países de la UE alcanzaran en 2020 la norma para la reducción de emisiones no se debió a medidas tomadas por estos países, sino en parte a la paralización económica y la disminución del consumo energético derivadas de la crisis del coronavirus.
Según el Tribunal de Cuentas, tres países, entre ellos Países Bajos y Alemania, solo lograron cumplir sus reducciones obligatorias comprando ahorros a otros países. Además, seis estados miembros no alcanzaron sus objetivos de energía renovable y compensaron esa falta comprando también de otros estados.
El Tribunal de Cuentas afirma en un nuevo informe que la UE debería contabilizar no solo las emisiones de la industria nacional y la agricultura, sino también los gases de efecto invernadero de la aviación y el transporte marítimo internacional, así como los derivados de actividades comerciales.
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Con la nueva normativa sobre emisiones industriales (RIE) ya se ha comenzado a incluir grandes sectores de la ganadería. Pero la implementación sigue en parte delegada a los países.
Estas discusiones también jugarán un papel en los próximos años en nuevas leyes europeas contra el uso de pesticidas en la agricultura y para la restauración de la naturaleza (en caso de que se aprueben).
Necesitamos contar con un mayor conocimiento sobre los resultados de emisiones en los países de la UE para poder evaluar totalmente los efectos de las políticas europeas, afirmó Joëlle Elvinger, miembro luxemburgués del TCE que lideró la auditoría. También hizo referencia a “puntos ciegos”, incluyendo el hecho de que algunos objetivos no sean vinculantes sino solo indicativos.