El nuevo plan debe facilitar que empresas e inversores destinen dinero a proyectos que contribuyan a la restauración de la naturaleza, como la recuperación de zonas pantanosas, bosques o áreas costeras.
La comisaria de Medio Ambiente, Jessika Roswal, enfatiza que tales inversiones no solo son beneficiosas para el medio ambiente, sino que también pueden resultar rentables económicamente. Afirma que la conservación de la naturaleza representa un valor que en la actualidad no se aprovecha suficientemente.
Con esta iniciativa, Bruselas se une a otros esfuerzos previos para movilizar dinero privado hacia objetivos medioambientales. Así, desde hace tiempo se coopera con el sector privado para mejorar la calidad del aire, reducir la contaminación del agua y promover prácticas agrícolas sostenibles. Bruselas quiere aplicar la misma lógica con esta nueva propuesta enfocada en la biodiversidad.
El centro del plan lo constituyen los llamados "créditos naturales", una especie de participaciones comerciales que deben hacer medible el impacto de un proyecto sobre la naturaleza. Dichos proyectos recibirán una especie de sello de aprobación de la UE. La intención es que surja un mercado voluntario para estos créditos, además de la financiación pública existente.
Las organizaciones medioambientales reaccionan de manera mixta. Ven oportunidades para dotar de inversiones adicionales a proyectos naturales, pero advierten que el dinero privado no debe considerarse un sustituto de los presupuestos públicos. Según ellas, Bruselas debe seguir invirtiendo lo suficiente en políticas de naturaleza. Sin un compromiso público fuerte, la propuesta corre el riesgo de convertirse —afirman— en una solución aparente que enmascara los déficits existentes.
Otra preocupación es que los planes puedan conducir al 'lavado verde', donde inversores con aportaciones relativamente pequeñas compran una imagen verde. Si las empresas pueden reclamar, a través de los créditos naturales, beneficios ambientales sin reducir sus propias actividades dañinas, existe el peligro de desviar la atención de medidas estructurales.
La Comisión Europea reconoce este riesgo y promete un marco sólido para la transparencia y el control. Según afirma, quiere evitar que el nuevo sistema permita abusos o reclamaciones injustificadas sobre beneficios ecológicos.
El plan forma parte de esfuerzos más amplios de la UE para implementar la ley de restauración de la naturaleza y alcanzar los objetivos del Pacto Verde Europeo. Según la Comisión, se necesitan decenas de miles de millones de euros adicionales anualmente para la restauración de la naturaleza, y la financiación privada puede jugar un papel clave en ello.