Polonia quiere hacer que la admisión de trabajadores extranjeros de países no pertenecientes a la UE dependa de un contrato laboral, en un intento de proteger el mercado laboral y combatir el trabajo ilegal. Esto incluye también la digitalización completa de los permisos de trabajo y el aumento de las multas por trabajo ilegal.
El gobierno polaco dice que esto es necesario para controlar mejor la afluencia de migrantes, especialmente dadas las tensiones en la frontera con Bielorrusia. Ese país supuestamente envía de manera intencionada a migrantes y solicitantes de asilo a la frontera para presionar a la Unión Europea, una estrategia que Polonia denomina "guerra híbrida". Según Varsovia, esto representa un riesgo de seguridad.
Actualmente, hay reglas relativamente flexibles para los trabajadores extranjeros temporales en Polonia, lo que permite que muchos trabajen con contratos flexibles. Sin embargo, esto no ofrece los mismos derechos ni protección que los contratos laborales completos. Además de condiciones de admisión más estrictas para migrantes, también deben aumentarse las multas para los empleadores que permitan que inmigrantes trabajen en negro.
Bruselas afirma que Polonia no puede interpretar las normas de la UE sobre trabajadores estacionales extranjeros de tal forma que equivalga a poder rechazar solicitudes de asilo. A pesar de las advertencias de la UE, el primer ministro Tusk ha reiterado que Polonia quiere endurecer su política fronteriza para evitar que el flujo migratorio sea explotado por regímenes como el del presidente Lukashenko en Bielorrusia.
El actual enfrentamiento entre Polonia y la Comisión Europea es la continuación de un debate más amplio dentro de la UE sobre el equilibrio entre la soberanía nacional y la normativa europea. En la próxima cumbre de líderes de la UE se intentará llegar a nuevos acuerdos al respecto.
Polonia no está sola en su crítica a la política migratoria europea; otros países, como Hungría, también intentan actuar cada vez más por su cuenta. A medida que más países de la UE limitan la admisión de migrantes y solicitantes de asilo, los demás países deben acoger a un mayor número. Esto conduce, en varios países de la UE, a un aumento de protestas antiinmigrantes.