En los planes plurianuales filtrados ya no se menciona un impuesto específico sobre los servicios digitales, a pesar de anuncios anteriores en el marco de la Ley de Servicios Digitales (DSA). Esa legislación estaba destinada precisamente a someter a plataformas digitales como Facebook, Google y X a reglas europeas más estrictas.
En lugar de ello, la Comisión Europea quiere ahora centrarse en nuevas formas de gravar los beneficios empresariales en un sentido más amplio. Entre las ideas se contempla un impuesto sobre beneficios ajustado para grandes empresas internacionales, pero no explícitamente para las tecnológicas.
Las nuevas propuestas forman parte de la búsqueda de nuevas fuentes de ingresos europeas para amortizar la deuda común contraída por la UE debido al coronavirus. La próxima semana se presentará este nuevo paquete MFP. Fuentes en Bruselas señalan que los planes aún pueden modificarse hasta el último momento.
El cambio de rumbo coincide con el momento en que el presidente estadounidense Donald Trump se ha posicionado nuevamente de forma clara contra las medidas europeas que, según él, perjudican a las empresas tecnológicas estadounidenses. Trump ha criticado duramente las normas europeas de la DSA y acusa a la UE de censura e interferencia política.
Al mismo tiempo, están próximas nuevas tarifas de importación estadounidenses sobre productos europeos. Trump anunció que desde el próximo mes quiere imponer aranceles del 30 % a productos de la UE y México, y del 35 % a los canadienses. En ese contexto, la Comisión Europea parece optar por una postura cautelosa en su política financiera y comercial frente a EE. UU.
Aunque la Ley de Servicios Digitales continúa vigente y obliga a las grandes tecnológicas a una mayor transparencia y a otros compromisos, en los planes presupuestarios del MFP falta el componente fiscal que se había considerado anteriormente. Así, las ambiciones previas de abordar económicamente a las grandes tecnológicas parecen haberse debilitado.
La eliminación de un impuesto digital separado también implica que otras fuentes de ingresos tendrán mayor peso. La Comisión Europea examina, entre otros, contribuciones procedentes del comercio de emisiones, derechos aduaneros sobre el CO₂ y ajustes en acuerdos existentes de IVA entre países de la UE, especialmente en tabaco. Esto debe proporcionar conjuntamente una financiación estructural para futuros gastos de la UE.
La propuesta de la Comisión aún no es definitiva y será objeto de debate político durante los próximos meses entre los países de la UE y en el Parlamento Europeo. Especialmente los países que desde hace tiempo abogan por un abordaje fiscal riguroso contra las grandes tecnológicas podrían oponerse al abandono de este impuesto.