La solicitud de la Comisión se dirige al Instituto Ramazzini de Italia. Recientemente, este instituto publicó un nuevo estudio que afirma que el glifosato incrementa el riesgo de cáncer. La Comisión Europea quiere que organismos de la UE como EFSA y ECHA puedan comprobar estos hallazgos antes de que se adopten posibles medidas políticas.
Según los investigadores, el nuevo estudio muestra una relación entre la exposición al glifosato y la aparición de tumores en ratones de laboratorio. Consideran esto como una prueba adicional de que el glifosato podría ser cancerígeno. La OMS ya concluyó anteriormente que el glifosato es "probablemente cancerígeno". Esta postura está en desacuerdo con conclusiones previas de EFSA y ECHA.
Agencias de vigilancia de la UE como EFSA y ECHA señalan que hasta ahora no existe evidencia concluyente de que el glifosato cause cáncer. Esta evaluación se basa en múltiples estudios, aunque muchos de ellos han sido realizados o financiados por productores de glifosato, incluido Bayer.
Pero también la fiabilidad del Instituto Ramazzini está siendo cuestionada. El instituto se negó en ocasiones anteriores a compartir sus datos brutos de investigación, lo que dificultó la revisión por pares. La empresa química Bayer afirmó en respuesta que el nuevo estudio presenta fallos metodológicos.
Organizaciones agrícolas en varios países de la UE consideran que el uso de glifosato debe detenerse de inmediato si la investigación del Ramazzini se confirma científicamente. La confederación agrícola neerlandesa LTO declaró a *Trouw*: "Si esto es cierto, debe retirarse del mercado de inmediato."
La Comisión Europea reitera que el cambio de políticas solo se plantea ante evidencias científicas contundentes. La Comisión quiere primero un juicio cuidadoso de los organismos de la UE antes de posiblemente adoptar nuevas medidas respecto al uso del glifosato.
Mientras tanto, en Nueva Zelanda se está tramitando un nuevo juicio contra la autorización del glifosato. Las organizaciones medioambientales de ese país piden una revisión de la política de autorización, basándose también en la nueva investigación italiana. Esto confirma el impacto internacional del debate.