Es la segunda vez que se aplaza el inicio de la ley. El plan pretende evitar que productos como café, cacao, carne de vacuno y soja, cultivados en bosques o selvas taladas, lleguen al mercado europeo. Para ello, las empresas deberán demostrar que sus mercancías están libres de deforestación.
Según Bruselas, el retraso es necesario porque la plataforma digital que debe procesar millones de declaraciones aún no funciona adecuadamente. Sin ese sistema, la aduana y las empresas no podrían operar conforme establece la ley.
Las organizaciones medioambientales reaccionan con enfado. Consideran que Bruselas vuelve a ceder ante intereses económicos y temen que los bosques de todo el mundo sigan amenazados por más tiempo. Según ellas, esta decisión socava la confianza de los consumidores, que esperan que sus compras diarias no contribuyan a la deforestación.
También en el Parlamento Europeo hay gran división. Grupos conservadores opinan que el aplazamiento da margen para hacer las normas más viables. Otros lo ven como una señal de debilidad y temen que se debiliten aún más los acuerdos importantes sobre política ambiental y climática.
Por otro lado, agricultores y organizaciones forestales reaccionan aliviados. Consideran las normas demasiado complicadas y estrictas para aplicar. Según ellos, menos obligaciones administrativas y acuerdos más claros ayudarían a hacer la ley prácticamente viable.
No es la primera vez que se aplaza la entrada en vigor. El año pasado también se pospuso un año, con el argumento de que las empresas necesitaban más tiempo para prepararse. Ahora la razón es principalmente técnica: el software que debe gestionar todo aún no puede manejar el volumen de datos.
Mientras tanto, la presión política crece. El pasado verano, dieciocho países de la UE solicitaron ya una simplificación de las normas. Consideran que Bruselas exige demasiado a las empresas y abogan por un enfoque menos estricto.
Ahora la propuesta para posponer la ley se envía a los estados miembros y al Parlamento Europeo. Allí se decidirá si la política opta por una rápida aplicación o por un nuevo retraso.