El abogado general Athanasios Rantos aconseja al Tribunal de Justicia que rechace un recurso interpuesto por la Comisión Europea. Con ello se alinea con una sentencia previa del Tribunal General, que dictaminó que la Comisión Europea no había facilitado suficiente acceso a los documentos relacionados con la compra de vacunas.
Farmacéuticas
El caso se centra en los contratos que la Comisión Europea firmó en 2020 y 2021 con varias compañías farmacéuticas para el suministro de vacunas a los países de la UE. Eurodiputados y ciudadanos solicitaron acceso a documentos que debían aclarar cómo se habían establecido estos acuerdos.
Según los comisarios de la UE, ciertos datos no podían hacerse públicos por razones de privacidad y protección de intereses comerciales. Por ello, algunos documentos fueron liberados parcialmente, con los nombres de los negociadores involucrados y partes de los contratos ocultos.
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No es secreto
Sin embargo, el abogado general considera que la Comisión Europea no ha demostrado suficientemente por qué esa información debía mantenerse en secreto. Según el asesor jurídico, la divulgación limitada dificulta verificar cómo transcurrieron las negociaciones y si hubo posibles conflictos de interés.
Un punto importante del debate es la identidad de los empleados que participaron en las negociaciones contractuales en nombre de la Unión Europea. La Comisión argumentó que hacer públicos sus nombres podía conllevar riesgos. Los opositores defienden que la transparencia es necesaria para fortalecer la confianza pública.
Ambiguo
También varias cláusulas contractuales permanecieron fuera del alcance del público. Según el abogado general, la Comisión no justificó adecuadamente por qué la divulgación de esos apartados dañaría los intereses comerciales de las farmacéuticas.
Pfitzergate
El caso no es aislado. El debate sobre la transparencia en la compra de vacunas también surgió en otro procedimiento judicial, donde el Tribunal General dictaminó el año pasado que la Comisión Europea no podía simplemente ignorar los mensajes SMS entre la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el máximo responsable de Pfizer.
Este asunto, conocido como Pfizergate, también giró en torno a la cuestión de cuánto acceso debe tener el público sobre el proceso de adquisición de vacunas de Europa durante la pandemia de coronavirus.
No vinculante
El consejo del abogado general no es vinculante, pero suele ser seguido por el Tribunal de Justicia. Aún está pendiente una decisión definitiva. Si el Tribunal adopta el consejo, sería otro revés para la Comisión Europea en un caso que versa sobre la transparencia y el control público sobre las compras europeas de vacunas durante la pandemia del coronavirus.