Los cinco países actúan como precursores para otros estados de la UE; sus discusiones cuentan con la presencia de un observador de la Comisión Europea. El Grupo de Cinco se reunirá nuevamente a finales de este mes, esta vez en Múnich.
Italia
Italia destaca por su ausencia en las conversaciones; el año pasado ya construyó un centro de retorno propio en Albania, adelantándose de hecho a las decisiones europeas. Para gran disgusto de la primera ministra italiana Meloni, Italia no pudo poner en funcionamiento ese centro de retorno en Albania debido a sentencias de tribunales italianos. Estos declararon que las expulsiones forzosas de solicitantes de asilo rechazados eran ilegales y posiblemente constitutivas de violaciones de derechos humanos.
Alemania, Austria, Grecia, Dinamarca y los Países Bajos esperan que dicho centro pueda estar operativo en 2027. Los planes se han hecho posibles gracias a las nuevas normas migratorias europeas. En junio, el Parlamento Europeo aprobó reglas más estrictas que buscan acelerar la devolución de migrantes.
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Con otros
Los cinco países también quieren involucrar a organizaciones internacionales en el desarrollo posterior. Dinamarca comunicó que se está buscando consultas con la Organización Internacional para las Migraciones y la Agencia de la ONU para los Refugiados. ACNUR declaró que no ha recibido aún detalles de la propuesta y por ello no puede pronunciarse sobre el contenido de los acuerdos.
Mientras tanto, el Grupo de Cinco desea continuar. Los países ya han discutido sus planes migratorios en varias ocasiones este año y se reunirán nuevamente a finales de septiembre, esta vez en Múnich. Dinamarca espera estar lista a más tardar para finales de 2027 para enviar efectivamente migrantes a un centro de retorno conjunto fuera de la UE.
Preocupaciones
Organizaciones de derechos humanos manifiestan serias objeciones a los planes. Temen que los migrantes acaben en instalaciones similares a prisiones fuera de Europa, sin suficiente protección jurídica o retenidos durante largos periodos. También advierten sobre posibles persecuciones, malos tratos y otras violaciones de derechos fundamentales en los países a los que se envíen migrantes.
El Consejo de Europa también ha advertido sobre las consecuencias legales. Según esta organización, los centros de retorno fuera de la UE conllevan riesgos considerables. Los migrantes deben mantener acceso a asistencia legal y protección. La responsabilidad no desaparece cuando un solicitante de asilo rechazado es alojado fuera del territorio de la UE.
Desplazamiento de responsabilidades
Los críticos además sitúan el plan dentro de una tendencia más amplia en la que los países europeos externalizan partes de su política migratoria hacia países más pobres. Activistas africanos y europeos advierten que no solo se delegan tareas de control fronterizo y detención, sino también responsabilidades hacia migrantes y refugiados. Se oponen a acuerdos financieros o diplomáticos al respecto.

