Los líderes gubernamentales ya allanaron el camino en gran medida la semana pasada. La mayoría de los países de la UE parecen dispuestos a aprobar el acuerdo con Mercosur, siempre que se garantice la protección suficiente para la agricultura europea. Así, Luxemburgo podría ser el momento en que la necesidad económica y la realidad política se encuentren, y también podría fijarse la dirección para la nueva política agrícola europea durante años.
A causa de la guerra rusa contra Ucrania y la guerra arancelaria estadounidense, la UE está desarrollando una nueva estrategia comercial en la que las objeciones del sector agrícola ya no son el único factor determinante. Según círculos de la UE, el acuerdo con Mercosur no solo es un movimiento económico, sino también estratégico en un mundo donde las relaciones comerciales están cambiando rápidamente.
La Comisión Europea quiere concluir el acuerdo con Mercosur este año. El tratado debe crear una de las mayores zonas de libre comercio del mundo al abolir gran parte de los aranceles a la importación. El comisario europeo de agricultura, Christophe Hansen, declaró la semana pasada durante una visita a São Paulo que todavía es posible firmar el acuerdo en diciembre, siempre que el Parlamento Europeo y el Consejo aceleren el proceso.
Promotion
Hansen también señaló que un nuevo mecanismo de salvaguardia debe proteger a los agricultores europeos contra caídas repentinas de los precios de los productos agrícolas. Según él, el gobierno brasileño estaría insatisfecho con esto, pero la UE lo considera una condición para la firma.
Durante la conferencia en Luxemburgo, también se abordará cómo el sector agrícola puede adaptarse en los próximos años a las condiciones cambiantes del mercado. La guerra en Ucrania y la guerra arancelaria estadounidense han dejado claro que la UE quiere ser menos dependiente de algunos grandes bloques comerciales.
La presidencia danesa intenta combinar el debate sobre la reforma de la Política Agrícola Común con nuevos acuerdos comerciales, mientras que las organizaciones agrícolas temen cargas adicionales debido a las normas medioambientales.