Durante años, los agricultores en Inglaterra y Gales han utilizado los sedimentos de las plantas de tratamiento de aguas residuales para enriquecer sus campos y pastizales. El material es más barato que los fertilizantes artificiales y pesticidas, lo que lo convierte en una alternativa atractiva en tiempos de aumento de costos. Cada año se esparcen millones de toneladas por las zonas rurales.
En estos residuos se han encontrado cantidades significativas de sustancias químicas, incluyendo metales pesados, microplásticos y las llamadas PFAS, conocidas por su persistencia. Estas sustancias no desaparecen por sí solas del medio ambiente, sino que se acumulan en el suelo y pueden ingresar a la cadena alimentaria a través de los cultivos.
Un gran problema es que la contaminación no se limita a la tierra agrícola. Por la lluvia y la escorrentía, las sustancias también llegan al agua superficial. Las investigaciones muestran que ríos y arroyos están cada vez más contaminados con estos residuos, agravando aún más la contaminación hídrica existente.
Médicos y organizaciones medioambientales advierten que las consecuencias para la salud pública pueden ser graves. Señalan vínculos entre la exposición prolongada a las PFAS y problemas de salud, incluyendo ciertos tipos de cáncer. También subrayan que la política actual equivale a un experimento a gran escala cuyos riesgos no están suficientemente evaluados.
Los agricultores británicos defienden su decisión apuntando a la realidad económica. Para muchas empresas agrícolas, el lodo barato es la única forma asequible de mantener productivas sus tierras. Resaltan que el uso está oficialmente permitido y que actúan dentro de las normas vigentes. Al mismo tiempo, algunos reconocen depender de un sistema cuyos efectos solo se harán claros a largo plazo.
El gobierno británico ha respondido a las críticas crecientes. Se han anunciado planes para endurecer las regulaciones sobre el uso del lodo de alcantarillado. Se contempla una supervisión más estricta en cuanto a su composición, un monitoreo más intensivo de las consecuencias y la posible prohibición de ciertas sustancias nocivas.