El enfrentamiento en torno a la CPI desempeña ahora un papel importante también dentro de las Naciones Unidas. A pesar de la presión desde Washington, muchos países han confirmado su apoyo a la Corte Penal Internacional. Así, el gobierno estadounidense se enfrenta a países que consideran que la corte debe poder continuar con sus labores internacionales.
ASML China
Las duras palabras de Jetten sobre la CPI coinciden con otras tensiones entre La Haya y Washington. El primer ministro neerlandés también criticó durante su visita a Naciones Unidas las restricciones estadounidenses hacia el fabricante neerlandés de máquinas para chips ASML. Según Washington, esa empresa no debería suministrar a China. De esta manera, la discrepancia con la administración Trump ha adquirido una dimensión más amplia en las relaciones neerlandés-estadounidenses.
El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump ha ido incrementando la presión contra la CPI. Washington considera que la corte excede sus competencias y actúa de manera ilegal contra estadounidenses y aliados de EE. UU.
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Las medidas estadounidenses ya tienen consecuencias directas para los funcionarios de la Corte Penal. EE. UU. ha impuesto sanciones contra varios funcionarios de la CPI, como el bloqueo de sus cuentas bancarias. Estas medidas podrían dificultar también la realización práctica de las labores de la corte.
Se solicita acción de la UE
Por ello, Países Bajos intenta, junto con otros países europeos, encontrar opciones para proteger a la CPI contra nuevas medidas estadounidenses. La Haya ha pedido a la Unión Europea que se prepare para sanciones adicionales desde Washington y que tome medidas que permitan que la corte continúe funcionando.
Una de las opciones que se está evaluando es el llamado blocking statute europeo. Esto podría proteger mejor a empresas y organizaciones europeas frente a las consecuencias de sanciones estadounidenses que Washington intenta imponer también fuera de EE. UU.
País anfitrión
Esta situación tiene consecuencias especiales para Países Bajos. Como país anfitrión de la Corte Penal Internacional, debe garantizar que el instituto en La Haya pueda continuar su trabajo. Funcionarios neerlandeses investigan las provisiones prácticas necesarias en caso de que medidas estadounidenses imposibiliten partes del funcionamiento habitual.
Protección
Se estudian, entre otras cosas, formas de garantizar que los pagos al personal puedan continuar. También se investiga cómo proteger y apoyar a los testigos cuando instituciones financieras u otros proveedores de servicios, debido a sanciones estadounidenses, no quieran hacer negocios con la corte.
En ese contexto, funcionarios neerlandeses ya se preparan para una nueva y posiblemente mucho más severa serie de sanciones estadounidenses contra la corte. Al comprometerse a defender la corte "piedra por piedra", Jetten deja claro que Países Bajos no solo se resiste políticamente a la presión estadounidense, sino que también se prepara de modo práctico y junto con la Unión Europea para medidas que protejan la supervivencia y el funcionamiento diario de la Corte Penal Internacional.