La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, afirman estar firmemente al lado de la CPI, la presidenta Tomoko Akane y otros empleados. Según ellos, los jueces y funcionarios deben poder trabajar de manera independiente y sin presiones externas. La alta representante de la UE para Asuntos Exteriores, Kaja Kallas, también ha rechazado las sanciones estadounidenses.
Varios gobiernos europeos también han reaccionado. Alemania afirma que la CPI cumple su función tal como fue concebida, responsabilizando a sospechosos de los crímenes más graves. Francia y España también han expresado su apoyo a la corte y se han opuesto a la presión estadounidense sobre sus empleados.
Países Bajos
Países Bajos, como país anfitrión de la CPI, ocupa una posición especial. El ministro de Asuntos Exteriores, Tom Berendsen, desaprueba las sanciones y enfatiza que los tribunales internacionales deben poder realizar su trabajo libremente. Ha invitado a Akane a una reunión en La Haya para dialogar sobre un mayor apoyo neerlandés a la corte.
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Las nuevas sanciones estadounidenses del 18 de agosto afectan a Akane, la presidenta japonesa de la CPI, y a Abdoulaye Seye, de Senegal, un alto jurista de la oficina del fiscal. Seye participó en la investigación de presuntos crímenes relacionados con la acción militar israelí en Gaza.
Estadounidenses
Las medidas constituyen un nuevo paso en una ofensiva estadounidense más amplia contra la Corte Penal Internacional. Ya nueve de los dieciocho jueces de la CPI están bajo sanciones estadounidenses. También fiscales y otros empleados han sido afectados. Las sanciones pueden bloquear sus bienes en EE.UU. y dificultar sus transacciones con personas y empresas estadounidenses.
El gobierno de Trump cuestiona principalmente la potestad de la CPI para enjuiciar a personas de países que no han reconocido la autoridad de la corte. Estados Unidos e Israel no son miembros. Sin embargo, la CPI sostiene que tiene competencia para investigar presuntos crímenes en territorio palestino porque Palestina ha aceptado su jurisdicción.
Gaza
La confrontación se intensificó después de que la CPI emitiera órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el exministro de Defensa Yoav Gallant. Netanyahu niega las acusaciones y dio la bienvenida a las nuevas medidas estadounidenses. El ministro Marco Rubio quiere restringir aún más las capacidades de la corte frente a estadounidenses y otros ciudadanos de países no miembros.
Estatuto
La CPI califica las sanciones como un ataque a su independencia y advierte que la presión sobre jueces y fiscales afecta también al orden jurídico internacional. El defensor legal Al-Haq considera insuficientes las respuestas europeas y llama a la UE a utilizar su estatuto de bloqueo para proteger a la CPI frente a las sanciones estadounidenses.
Para ello, según Al-Haq, debe modificarse el anexo de ese estatuto europeo para que incluya la decisión estadounidense en la que se basan las sanciones. La organización además opina que Países Bajos, como país anfitrión, debe ir más allá de expresar desaprobación y adoptar medidas concretas para proteger a la corte y a su personal.