La propuesta busca prohibir que las empresas hagan afirmaciones de sostenibilidad no fundamentadas, a menos que estén respaldadas científicamente. El plan forma parte del amplio Pacto Verde Europeo. La directiva contó anteriormente con un amplio respaldo, pero ahora está bajo presión debido a un cambio político en Bruselas.
La semana pasada, un portavoz de la Comisión sugirió que la propuesta había sido retirada tras una solicitud del grupo popular europeo (EVP). Esas declaraciones causaron gran confusión. La Comisión ha aclarado ahora que la propuesta sigue formalmente sobre la mesa. Los Verdes Europeos calificaron esto como un "ataque coordinado" a los esfuerzos climáticos.
Dentro del Consejo de Ministros de la UE, el apoyo a la directiva ha disminuido. Italia, como un apoyo clave, se retiró, lo que eliminó la mayoría cualificada. Esto ocurrió sin una explicación clara. Según diversas fuentes, la decisión italiana tuvo motivaciones políticas.
El debate sobre la directiva tiene lugar en un conflicto más amplio dentro del Parlamento Europeo. El grupo EVP desea revisar o eliminar varias leyes del Pacto Verde. Acusan a la Comisión de haber ido demasiado lejos con normativas ambientales que sobrecargan a las empresas. Otros grupos acusan al EVP de socavar la política climática.
Anteriormente, no se logró un compromiso en el Parlamento Europeo sobre una excepción para pequeñas empresas con menos de diez empleados. En ese caso, la directiva no se aplicaría a más del 90 % de las pymes.
Los socialdemócratas (S&D), liberales (Renew) y Los Verdes instaron a la Comisión a mantener la propuesta. Advirtieron que retirarla dañaría la confianza de ciudadanos y negocios. Renew destacó el riesgo de que los consumidores sean engañados sin una legislación clara.
En el Parlamento Europeo ya se había alcanzado un acuerdo sobre el contenido de la directiva. Varios diputados expresaron su malestar por la decisión de la Comisión de suspender negociaciones con los países de la UE. Según ellos, esto se hizo sin consulta ni consideración de acuerdos previos.
Según Euractiv, internamente la Comisión tuvo dudas legales sobre retirar la propuesta, ya que el Parlamento ya había adoptado una postura. Sin embargo, las negociaciones fueron suspendidas, lo que provocó reacciones duras de varios líderes de grupos parlamentarios.
Por ahora, la propuesta sigue formalmente sobre la mesa. No obstante, su futuro es incierto mientras no se forme una nueva mayoría cualificada entre los Estados miembros. Varios observadores esperan que el asunto se reexamine después del verano. Hasta entonces, la directiva permanecerá en un estancamiento político.