Los ajustes propuestos ahora por Bruselas buscan tranquilizar a las organizaciones agrícolas y a las autoridades regionales, y así aliviar las tensiones políticas crecientes en torno a la política rural europea. Los agricultores protestan porque el fondo rural de la política agraria se fusiona con otros fondos, como el amplio Fondo de Cohesión.
Esta concentración de flujos de subvenciones en futuros nuevos fondos nacionales no solo implicaría un recorte de varios cientos de millones en gastos agrícolas, sino que también trasladaría parcialmente el poder de decisión del Parlamento Europeo a los gobiernos nacionales.
La Comisión Europea está ahora dispuesta a modificar su propuesta para el marco financiero plurianual, siempre y cuando los Consejos de la UE estén de acuerdo, establece Von der Leyen como condición expresa. Según fuentes de Bruselas, esto es altamente incierto. Muchos países de la UE ven con buenos ojos que parte del control sobre las subvenciones europeas regrese a sus capitales.
Para calmar los ánimos, la presidenta de la Comisión Ursula von der Leyen propone ahora un “objetivo rural”. Los países de la UE serían obligados a dedicar al menos un diez por ciento de sus nuevos programas nacionales a la agricultura y al desarrollo rural.
Además, los gobiernos regionales deben tener mayor participación en la forma en que se gastan los fondos europeos. El Parlamento Europeo lleva tiempo reclamando una supervisión más estricta del uso de los fondos de la UE, por temor a quedar excluido en futuras decisiones presupuestarias.
A pesar de los ajustes propuestos, muchos países de la UE mantienen una postura prudente. En el Consejo de la UE, diplomáticos enfatizaron que solo los gobiernos nacionales pueden modificar los procedimientos presupuestarios. Para el Parlamento, las concesiones son mayores de lo esperado, pero muchos miembros las consideran aún insuficientes.
Las concesiones quedaron plasmadas en una carta que Von der Leyen envió el pasado fin de semana a la presidenta del Parlamento Roberta Metsola y a la primera ministra danesa Mette Frederiksen. Los presidentes de los tres órganos de la UE (Comisión, Parlamento y Consejo) discutirán el lunes por la tarde las crecientes tensiones en un número cada vez mayor de expedientes cruciales para la UE.
Esta semana en Bruselas, el Parlamento Europeo tiene también en la agenda de la sesión plenaria (miércoles y jueves) el presupuesto propuesto para 2026. Aunque entrará en vigor en unas semanas, los grupos parlamentarios aún quieren realizar modificaciones.
Además, los políticos de la UE deberán nuevamente tomar una decisión sobre la simplificación (es decir, la eliminación) de procedimientos y normativas europeas para reducir las cargas administrativas sobre el sector empresarial. Esta operación Omnibus-1 fue rechazada inesperadamente el mes pasado por una escasa mayoría formada por socialdemócratas, liberales y verdes reacios, para gran disgusto del Consejo de la UE y de la Comisión.
Por ello, la facción del PPE amenaza esta semana con buscar el apoyo parlamentario de grupos conservadores, nacionalistas y de extrema derecha para revertir varios criterios de sostenibilidad que consideran inviables dentro del Pacto Verde. También se corre el riesgo de que el debilitamiento de la política climática de la UE y la paralización de la producción de nuevos vehículos de gasolina lleven al PPE a posicionarse “hacia la derecha”.