El gigante tecnológico chino Huawei sospechoso de sobornar a políticos europeos

Según las autoridades belgas, hay indicios de que Huawei se ha acercado a empleados de eurodiputados u otras posiciones influyentes dentro de las instituciones europeas. Estas personas habrían recibido regalos u otros servicios a cambio de información favorable o apoyo político. Se trataría de una forma estructurada de influencia que posiblemente lleva tiempo en marcha.

Un asistente de un eurodiputado italiano es actualmente objeto de una solicitud de extradición. Las autoridades belgas quieren interrogar a esta persona acerca de posibles pagos y contactos con representantes de Huawei. En total, varios asistentes de diputados estarían implicados, aunque aún no se han hecho públicas acusaciones oficiales.

Durante los registros en Bruselas se inspeccionaron oficinas y espacios de trabajo vinculados a las instituciones europeas. También habrían sido registrados domicilios privados. La policía federal belga y la fiscalía colaboraron con otros servicios europeos de investigación. Es destacable que la Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) también esté involucrada en la investigación, lo que subraya la gravedad del caso.

Las sospechas se centran, entre otros, en Tomáš Zdechovský, un miembro checo del Parlamento Europeo, y su exasistente. Además, se investiga a un asistente del eurodiputado italiano Andrea Cozzolino. Cozzolino ha sido vinculado anteriormente al escándalo conocido como Qatargate, en el que la influencia extranjera y el soborno jugaron un papel central.

Actualmente se intenta mapear la extensión exacta de la red. La investigación se enfoca en contactos entre Huawei y personas con acceso a información interna o a la toma de decisiones en las instituciones de la UE.

Muchos países de la UE han decidido en los últimos años no permitir tecnología de Huawei en sus infraestructuras de comunicación sensibles. Existe el temor de que el gobierno chino pueda, a través de Huawei, acceder a datos confidenciales, como correos electrónicos y documentos de servicios gubernamentales. Por ello, países como Alemania, Francia y los Países Bajos han impuesto restricciones.