La prórroga afecta a dos leyes importantes: la Directiva de Información Empresarial sobre Sostenibilidad (CSRD) y la Directiva de Debida Diligencia en Sostenibilidad Empresarial (CSDDD). Ambas normativas obligarían a las empresas a informar de manera más amplia sobre sus prácticas sociales y ecológicas, así como sus impactos. También harían que las empresas fueran corresponsables de las irregularidades de sus proveedores y clientes dentro de sus cadenas comerciales globales.
Al posponer la entrada en vigor de estas normas, se gana tiempo para revisar nuevamente sus consecuencias prácticas. Varios eurodiputados y países de la UE opinan que las propuestas exigen demasiado a las empresas. Señalan que, sobre todo, las pequeñas y medianas empresas tienen dificultades con las cargas administrativas que implican las leyes.
La propuesta de "detener el reloj" fue apoyada por una amplia mayoría en el Parlamento. Sin embargo, algunos miembros enfatizaron que la prórroga no debe implicar abandonar las ambiciones europeas en materia de sostenibilidad. Hicieron un llamado a equilibrar cuidadosamente la viabilidad económica con la responsabilidad social. Por otro lado, otros grupos parlamentarios hablan abiertamente de "dar marcha atrás en el Pacto Verde".
Las empresas europeas también tienen sentimientos encontrados. Por un lado, muchas acogen con agrado la prórroga adicional porque les da más tiempo para adaptarse. Por otro lado, la incertidumbre y la volatilidad normativa generan dudas a largo plazo. Las empresas quieren saber principalmente a qué atenerse.
La Comisión Europea ahora tiene espacio para ajustar o perfeccionar ambas leyes. Los comisarios pueden aprovechar este tiempo extra para elaborar nuevas directrices políticas que se ajusten mejor a la situación económica en Europa. Según sus defensores, esto ofrece oportunidades para apoyar mejor al sector empresarial europeo sin comprometer la sostenibilidad. Los opositores afirman que solo se trata de "tiempo adicional para reflexionar", no de "nuevas decisiones".
La prórroga llega en un momento en que la Unión Europea quiere fortalecer su posición como potencia económica. El excomisario europeo Mario Draghi aconsejó recientemente que Europa debe actuar con mayor determinación entre los bloques de poder de China y EE. UU. Según Draghi, se necesitan prioridades claras y una regulación menos compleja para las empresas.
Por ahora, la votación en el Parlamento significa que las empresas aún no tienen que cumplir con los requisitos adicionales de la CSRD y la CSDDD. En los próximos meses se verá si la prórroga conducirá a modificaciones de las normas y si la UE efectivamente adopta un cambio de rumbo en el delicado equilibrio entre sostenibilidad y crecimiento económico.