Una mayoría del Parlamento apoyó una propuesta de los grupos conservadores y de derecha para suspender temporalmente la obligación de pago por parte de la industria. Quieren que la Comisión Europea realice primero una nueva investigación sobre los costes y sobre qué sectores son responsables de la contaminación.
Otros grupos en el Parlamento Europeo se oponen a dicha suspensión. Aunque apoyan una nueva investigación, sostienen que debe mantenerse el principio de que ‘el contaminador paga’. Según ellos, la aplicación de la directiva no debe retrasarse mientras dure la investigación.
También los ministros
La semana pasada se supo que también entre los ministros de Sanidad de los 27 países de la UE persiste la diferencia de opinión respecto a la exigencia de que los laboratorios farmacéuticos eliminen los residuos de medicamentos de las aguas residuales (es decir, que contribuyan económicamente a la modernización de las plantas de tratamiento de aguas residuales).
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La directiva propuesta por la Comisión establece que las empresas farmacéuticas y cosméticas deben asumir gran parte de los costes de un paso adicional de depuración en las plantas de aguas residuales. Este nuevo tratamiento está destinado a eliminar micropoluentes, como residuos de medicamentos y microplásticos, del agua.
¿Escasez de medicamentos?
Los defensores de la suspensión temporal advierten que la medida podría presionar a la industria farmacéutica europea. Según ellos, existe el riesgo de que unos costes más altos afecten a la disponibilidad de medicamentos. Por eso creen que primero debe esclarecerse si los cálculos de la Comisión Europea son correctos.
También el sector farmacéutico cuestiona las estimaciones en las que se basa la directiva. Según dicho sector, los costes previstos son mayores que los calculados por la Comisión y no solo las empresas farmacéuticas y cosméticas son responsables de la contaminación del agua residual.
Traslado de costes
Los opositores a la suspensión temen que se debilite el principio de 'quien contamina paga'. Alertan de que, si se retrasa la contribución de la industria, los costes podrían acabar cayendo sobre las empresas de agua, los gobiernos o los ciudadanos.
Casi todos los grupos políticos coinciden en que es necesaria una investigación independiente sobre los costes y la distribución de la contaminación. Las divergencias se centran principalmente en si las obligaciones existentes deben suspenderse mientras se realiza esa investigación.
La resolución aprobada no es jurídicamente vinculante, pero aumenta la presión política sobre la Comisión Europea. En el próximo período se sabrá qué conclusiones se extraen de la nueva investigación y qué consecuencias tendrá para la futura aplicación de la directiva europea sobre aguas residuales.