Esta noticia surge después de una votación secreta entre los embajadores de la UE en Bruselas, en la que se puso en duda la implementación de la legislación propuesta. El mayor obstáculo parece ser que la medida no solo se aplicaría a las empresas muy grandes (con miles de empleados), sino también a las medianas empresas (con algunos cientos de empleados).
La eurodiputada holandesa Lara Walters (S&D/PvdA), como ponente del PE, condenó que los países de la UE no presentaran ninguna propuesta de texto durante las negociaciones trilaterales y que ahora intenten culpar a las presidencias españolas (anterior) y belgas (actual) de la UE.
Recientemente, ministros liberales alemanes y franceses bloquearon en reuniones de la UE propuestas prácticamente finalizadas y negociadas porque consideraban que en una economía de mercado libre serían una traba o perjudiciales para las empresas. La misma situación ocurre con la directiva para la protección de los trabajadores de plataformas. Anteriormente, esto estuvo a punto de suceder con la prohibición (futura) de la venta de coches a gasolina y con normas más estrictas contra las emisiones contaminantes.
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Esta resistencia de los ministros liberales de comercio tiene grandes implicaciones y probablemente provocará que la propuesta se posponga, ya que primero se debe esperar al resultado de las elecciones europeas (junio) y la formación de una nueva Comisión Europea (diciembre). Solo en marzo y abril hay Consejos de Ministros programados en los que se podrían tomar decisiones.
La propuesta legislativa de diligencia debida tiene como objetivo hacer responsables a las empresas por violaciones de los derechos humanos y normas ambientales en sus cadenas de suministro (tanto de sus proveedores como de sus clientes). Trabajadores de diversos sectores reaccionaron con decepción a la noticia, ya que esperaban reglas más estrictas para mejorar las condiciones laborales y erradicar prácticas nocivas.
La Comisión Europea había esperado un amplio apoyo, dada la creciente preocupación por temas como la esclavitud moderna, el trabajo infantil y la contaminación ambiental en las cadenas de suministro globales.
La industria y el mundo empresarial estaban divididos sobre el tema. Algunas empresas y grupos de interés se opusieron, argumentando que perjudicaría la competitividad de las empresas europeas y supondría una carga burocrática.