En el Parlamento Europeo no solo amenazan con votar en contra de nuevo acuerdo PAC los grupos verdes y de izquierda, sino también la mayor minoría posible del grupo socialdemócrata S&D.
Según la política alemana del SPD, Maria Noichl, el grupo S&D solo dará luz verde al nuevo régimen agrícola común con la mayoría más pequeña posible y “a regañadientes”.
Noichl fue una de las ponentes sombra del Parlamento Europeo que a finales de junio alcanzaron un acuerdo provisional con la presidencia portuguesa. La mayor oposición vino de organizaciones agrícolas y varios países de la Unión Europea que se oponen a las “obligaciones medioambientales” (Green Deal y De la granja a la mesa) impuestas por los comisarios Frans Timmermans (Clima y Medio Ambiente), Stella Kyriakides (Salud y Seguridad Alimentaria) y Janusz Wojciechowski (Agricultura y Desarrollo Rural).
Los negociadores del Parlamento Europeo están presentando esta semana su acuerdo a la comisión AGRI de la Eurocámara. Luego, el acuerdo debe ser aprobado más adelante este año por el pleno del Parlamento Europeo. Ya se sabe que parte del grupo liberal Renew también considera que la nueva política agrícola propuesta “no es lo suficientemente sostenible”.
Además, la semana pasada la presidenta de la comisión de control presupuestario, la demócrata cristiana alemana Monika Hohlmeier (PPE), calificó el acuerdo de negociación de “un fracaso”. Según ella, los negociadores del PE no han logrado acabar con el amiguismo y la malversación de fondos de la UE.
En una entrevista con Agrarzeitung, Hohlmeier criticó que las subvenciones de la UE todavía se distribuyen por hectárea y que el 80% de ellas acaba en manos del 20% de los propietarios de tierras agrícolas, principalmente en países de Europa Central y del Este.
Gran parte del dinero agrícola sigue yendo a los tesoreros y directores de cooperativas agrícolas, colectivos, empresas y fundaciones, lo que mantiene un lobby influyente de dirigentes y impide que gran parte del dinero de la UE llegue realmente a las explotaciones agrícolas como ingresos.
Hohlmeier (hija del histórico político alemán de la CSU Franz-Josef Strauss) comparte así la crítica ya expresada por el comisario de agricultura Wojciechowski y la comisión AGRI. Estos también consideran que más fondos de la UE deberían llegar a los agricultores (pequeños) y no a los grandes propietarios, aunque los negociadores del PE no han conseguido revertir esta situación frente a los ministros de Agricultura.
Los ministros de Agricultura ya se habían mostrado satisfechos con la nueva política agrícola, que a partir de ahora será menos centralista en la UE pero se desarrollará en gran medida mediante un conjunto de tareas adaptadas a cada país individual. Estos planes estratégicos nacionales (agrícolas) requerirán la aprobación anual de Bruselas, pero ofrecerán más excepciones a nivel nacional.
Dado que la revisión de la política agrícola de la UE ha sido negociada durante varios años y que ahora, por fin, hay sobre la mesa un acuerdo negociado entre los ponentes y ponentes sombra del PE (que ya cuenta con la aprobación de los 27 ministros de Agricultura), no se espera que el Parlamento Europeo bloquee el acuerdo, pues eso implicaría volver a empezar desde cero. Sin embargo, quedan muchas partes por adaptar a textos definitivos (jurídicos).
Bert-Jan Ruissen (SGP), el único negociador neerlandés por parte del Parlamento Europeo, llama al compromiso “ambicioso pero factible para el agricultor”. Ruissen señala que la propuesta de Timmermans de dejar obligatoriamente en barbecho el 10% de las tierras agrícolas se ha reducido al 3% con ciertas excepciones. “Este paquete ofrece suficiente flexibilidad a los países de la UE para que sea viable para los agricultores. Ahora depende de Países Bajos dar una buena forma a esta política”.
Aunque los eurodiputados de los tres grandes grupos políticos no apoyaran la propuesta para conseguir una mayoría, aún se espera suficiente respaldo de los grupos de oposición de derecha, conservadores y nacionalistas. Principalmente, ellos consiguen lo que querían: una política de la UE menos centralista, más excepciones nacionales, el menor número posible de restricciones climáticas y sin límites a los pagos.
Aún no se sabe cuándo se presentará a votación en sesión plenaria el acuerdo negociado.