Cualquier posible prohibición de la UE o reducción del uso de glifosato en la agricultura debe ir precedida de una evaluación de impacto. Esta evaluación debe considerar no solo las consecuencias ecológicas, sino también las repercusiones en los ingresos de los agricultores. Este fue el argumento central defendido por muchos eurodiputados durante un debate reciente organizado por EURACTIV.
“Realmente se necesita una evaluación de impacto para cada propuesta legislativa”, afirmó el democristiano alemán Norbert Lins, presidente de la Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo. En la reautorización del glifosato también debe analizarse cuál será el impacto sobre la disponibilidad de alimentos, la biodiversidad y los ingresos de los agricultores, dijo el director Bernhard Url de la comisión evaluadora EFSA en una entrevista con Euractiv.com.
El glifosato es uno de los ingredientes activos más utilizados en la agricultura europea. Actualmente está aprobado en la UE, pero dicha autorización expira el 15 de diciembre de 2022. Un número creciente de eurodiputados, siguiendo el ejemplo de la prohibición anterior del RoundUp, abogan por establecer reglas de uso más estrictas.
Según las nuevas normas, para la aprobación o renovación de un pesticida debe hacerse pública toda la información proporcionada por el solicitante. Esto fue consecuencia de una sentencia del Tribunal de Justicia de la UE en marzo de 2019 que obligó a la comisión evaluadora EFSA a facilitar el acceso a todos los estudios de seguridad sobre el glifosato.
Por ello, muchas personas en Bruselas y en el sector están vigilando con gran atención el proceso de reautorización del glifosato. Tanto la decisión sobre el glifosato como el rumbo que tomará la política europea de pesticidas dependerán en gran medida de si el proceso europeo de evaluación es lo suficientemente transparente.
Además, en el Pacto Verde europeo se anunciaron nuevas políticas para la seguridad alimentaria, la biodiversidad, el desarrollo rural y la Política Agrícola Común (PAC). En esa línea, se prevé reducir a la mitad el uso de productos químicos en la agricultura y horticultura en un plazo de diez años. Por tanto, está claro que el debate sobre el glifosato no solo tendrá lugar en la comisión de Agricultura (AGRI), sino también en las comisiones de Medio Ambiente (ENVI), Seguridad Alimentaria (EFSA), Desarrollo Regional (REGI) y Finanzas (BUDG).
La idea de realizar una evaluación previa no es bien recibida por todos, especialmente por los activistas ambientales que se oponen a la reautorización del glifosato. Hans Muilerman, coordinador de químicos del Pesticide Action Network EU, dijo: “Postergar y estudiar más a fondo es la táctica dilatoria probada y la respuesta tradicional de quienes se oponen a algo”.
Géraldine Kutas, directora general de la European Crop Protection Association (ECPA), expresó su apoyo a la evaluación y señaló que estas valoraciones son importantes para comprender las consecuencias de una prohibición del glifosato en la producción de alimentos, los rendimientos de las cosechas y los ingresos de los agricultores.
En la Unión Europea, el glifosato sigue autorizado al menos hasta el 1 de enero de 2023. No obstante, su uso ya está siendo limitado de forma gradual en varios países. La ministra de Agricultura neerlandesa, Carola Schouten, anunció recientemente en una carta al Parlamento que no ve justificación para una prohibición en Países Bajos. Su respuesta fue ante preguntas del diputado Tjeerd de Groot (D66). Según Schouten, quien sigue el consejo de la comisión evaluadora neerlandesa Ctgb, no existen actualmente nuevos conocimientos científicos que justifiquen una prohibición de productos que contengan glifosato.