La aprobación del informe de la Comisión requiere una mayoría cualificada: al menos quince países de la UE que representen juntos el 65 por ciento de la población de la UE deben estar de acuerdo. Sin embargo, el cálculo político resulta complicado porque las opiniones difieren ampliamente sobre la redistribución de solicitantes de asilo y el monto de las contribuciones financieras.
La nueva ley establece, entre otras cosas, que las solicitudes de asilo puedan presentarse ya en oficinas de la UE fuera de los países de la UE, y que los solicitantes de asilo (mientras esperan la tramitación de su solicitud) puedan ser alojados temporalmente en centros de acogida fuera de las fronteras de la UE. Italia intentó hacer esto el año pasado por su cuenta, pero esto está en conflicto con la regulación actual de la UE y fue revertido por los tribunales europeos.
El retraso ha provocado críticas en el Parlamento Europeo. La eurodiputada Birgit Sippel, principal negociadora del pacto migratorio, quiere que la Comisión rinda cuentas por la fecha límite incumplida. Ha solicitado una sesión urgente de la comisión de Libertades Civiles para debatir las consecuencias de un posible aplazamiento.
También crecen las tensiones entre los países de la UE. Polonia y Hungría se oponen al sistema obligatorio de solidaridad, mientras que Bélgica anunció que no acogerá a nuevos solicitantes de asilo, sino que solo contribuirá financieramente.
El informe de la Comisión debe determinar qué países de la UE están bajo presión migratoria y cuántos solicitantes de asilo deben ser reubicados "a otros lugares". Este análisis de la UE se basa en el número de solicitudes de asilo, estatus concedidos y capacidad de acogida disponible.
Los países pueden elegir cómo contribuir: reubicando solicitantes de asilo de países sobrecargados, pagando 20.000 euros por persona no reubicada o contribuyendo a apoyo operativo, por ejemplo para centros de acogida o procesamiento administrativo. Esto está establecido en el pacto de migración y asilo adoptado en 2024.
Mientras tanto, la Comisión Europea ha presentado una nueva lista de siete llamados “países seguros”: Kosovo, Bangladés, Colombia, Egipto, India, Marruecos y Túnez. Por ello, las solicitudes de asilados de esos países pueden ser rechazadas más rápidamente y pueden ser devueltos a esos países.
Las organizaciones de derechos humanos critican fuertemente esa lista. Según grupos como EuroMed Rights, países como Túnez, Egipto y Marruecos no son seguros debido a graves violaciones de derechos humanos. Sin embargo, la Comisión sostiene que la lista no limita los derechos de los solicitantes de asilo y es necesaria para un sistema europeo armonizado.