La propuesta fue rechazada por un estrecho margen, con 309 votos a favor, 318 en contra y 34 abstenciones.
El compromiso sometido a votación en Estrasburgo pretendía simplificar las normas sobre informes de sostenibilidad y responsabilidad debida para las empresas. Los partidos de izquierda y verdes votaron en contra porque consideraban que la propuesta debilitaba demasiado las ambiciones climáticas y de derechos humanos previamente establecidas por la UE.
Las formaciones de extrema derecha también votaron en contra, pero porque buscaban desmantelar aún más las normas.
El Partido Popular Europeo (PPE) lideró las negociaciones en los últimos meses, pero amenazó con unirse a los partidos de extrema derecha si sus demandas no se cumplían. Esto aumentó la presión sobre los socialdemócratas y liberales para ceder, a lo que finalmente accedieron sus líderes de grupo,
La eurodiputada neerlandesa Lara Wolters (PvdA/S&D) se retiró entonces como co-negociadora en desacuerdo con las nuevas concesiones tras la amenaza del PPE. Consideró que la llamada 'ley anti-ignorancia', destinada a hacer responsables a las empresas por malas prácticas en sus cadenas productivas, había quedado demasiado debilitada.
Este compromiso fracasó esta semana en la votación final en el Parlamento Europeo. Más de treinta colegas del grupo S&D de Wolters apoyaron su rechazo previo y descartaron el compromiso definitivo.
Los partidarios de normas más estrictas ven el rechazo como una oportunidad última. Quieren restaurar los planes originales, que incluyen a más empresas bajo las obligaciones de diligencia debida y reporte. Según ellos, el Parlamento tiene ahora la posibilidad de fortalecer las normas en lugar de debilitarlas más.
La versión rechazada establecía que solo las grandes empresas con más de 5.000 empleados y una facturación anual mínima de 1.500 millones de euros deberían cumplir con las nuevas normas. En la propuesta previa, ese umbral era mucho más bajo: 1.000 empleados y 450 millones de euros de facturación.
Organizaciones medioambientales ya advirtieron que subir el umbral dejaría a millones de trabajadores fuera de supervisión. Esto implicaría que las empresas más pequeñas estarían menos obligadas a controlar que sus proveedores no infrinjan normas medioambientales o de derechos humanos.
También hubo presión desde fuera de Europa. Lobbys empresariales y gobiernos, entre ellos los de Alemania, Estados Unidos y Catar, intentaron que la UE suavizara las normas. Temían que unos requisitos más estrictos dificultaran el comercio internacional.
Tras el rechazo, la propuesta ha sido devuelta a la mesa de negociaciones. Una nueva votación está prevista para el 13 de noviembre.