Paraguay dice que lo hará la próxima semana, y Argentina tiene previsto hacerlo en la primera semana de febrero.
La Comisión Europea señaló el viernes además que está dispuesta a continuar con la aplicación provisional del acuerdo comercial UE-Mercosur, poco después de la decisión del Parlamento Europeo de someter el acuerdo a examen jurídico ante el máximo tribunal de la UE.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, declaró que aún no se ha tomado una decisión formal, añadiendo que existe un "claro interés" en lograr cuanto antes los beneficios económicos del acuerdo. Varios líderes europeos, como el canciller alemán Merz y la presidenta italiana Meloni, insistieron en ello, al igual que el parlamento de los Países Bajos.
También el presidente del Consejo Europeo, António Costa, presiona a la Comisión para que avance basándose en esa decisión. Los partidarios califican las objeciones jurídicas del Parlamento Europeo como un pretexto, pues en el acuerdo con Mercosur se emplea exactamente la misma estructura jurídica que en un tratado anterior con Chile, y en aquel caso no se mencionó ninguna objeción.
Un posible aplazamiento europeo obstaculiza el progreso de un acuerdo que (tras casi 25 años de negociaciones) busca crear la mayor zona de libre comercio del mundo, con casi 700 millones de consumidores. La solicitud no vinculante de aplazamiento también expone las tensiones dentro del bloque europeo, que van mucho más allá de la revisión jurídica o los aranceles a la importación.
La raíz del retraso no radica en una objeción técnico-jurídica, sino en un conflicto estructural. Grandes sectores de la agricultura europea temen que un mayor acceso al mercado para Mercosur socave su competitividad en un entorno cada vez más regulado rigurosamente.
El descontento está estrechamente relacionado con el Pacto Verde Europeo, que impone estrictas normas ambientales, higiénicas y de producción a la agricultura de la UE, incrementando considerablemente los costos de producción. Los críticos señalan que especialmente los países de la UE con importante industria cárnica (como Polonia y Francia) podrían verse afectados por las nuevas reglas, aunque sectores tecnológicos e industriales (como la industria automotriz alemana e italiana) se beneficiarían.
Los ministros de Agricultura de los 27 países de la UE celebran el lunes en Bruselas su reunión mensual, donde sin duda se intentará recomponer en parte las fracturas en la toma de decisiones europea. A principios de este mes, una mayoría cualificada de países de la UE ya aprobó el acuerdo. Francia ha advertido que dejar al parlamento fuera equivale a una "violación democrática".