Por ello, organizaciones medioambientales y asociaciones de consumidores recurren al Tribunal de la UE. El asunto afecta a millones de consumidores, fabricantes y países de la UE que ya apuestan por información más clara en la parte frontal de los envases.
Durante años, una etiqueta nutricional común para toda la UE fue considerada una piedra angular de la estrategia de la Granja a la Mesa. La idea detrás es ofrecer a los consumidores, de un solo vistazo, información nutricional fiable y así fomentar elecciones alimentarias más saludables. Sin embargo, la propuesta ha sido suspendida sin explicación pública. Esto genera sospechas sobre la motivación detrás del cambio de rumbo y sobre la influencia de interesados en el proceso de toma de decisiones.
El núcleo del conflicto es la transparencia. Las organizaciones solicitaron acceso a la evaluación de impacto, a la opinión de la supervisión interna y a las actas de las reuniones. La Comisión Europea se negó, argumentando que incluso una divulgación parcial socavaría el proceso decisorio en curso. Justamente ese razonamiento convierte el caso en algo políticamente y legalmente delicado.
El Defensor del Pueblo Europeo examinó la negativa y concluyó que la justificación es insuficiente. Esa valoración da impulso a los reclamantes. Ahora han llevado el asunto ante el Tribunal de la UE con el objetivo de obtener acceso a documentos que deben aclarar la razón por la cual Nutri-Score está paralizado y cómo se tomó esa decisión.
Mientras que hasta ahora no se ha impuesto una obligación a nivel de la UE, varios países europeos ya optaron en distintos grados por implementar este modelo originario de Francia. Esto aumenta la presión sobre Bruselas para que explique por qué se limita la armonización completa en la UE y por qué los documentos sobre el tema permanecen cerrados por el momento. Esta falta de claridad refuerza la percepción de una toma de decisiones a puerta cerrada.