Por ello, organizaciones medioambientales y asociaciones de consumidores recurren al Tribunal de la UE. El asunto afecta a millones de consumidores, fabricantes y países de la UE que ya apuestan por información más clara en la parte frontal de los envases.
Durante años, una etiqueta nutricional común para toda la UE fue considerada una piedra angular de la estrategia de la Granja a la Mesa. La idea detrás es ofrecer a los consumidores, de un solo vistazo, información nutricional fiable y así fomentar elecciones alimentarias más saludables. Sin embargo, la propuesta ha sido suspendida sin explicación pública. Esto genera sospechas sobre la motivación detrás del cambio de rumbo y sobre la influencia de interesados en el proceso de toma de decisiones.
El núcleo del conflicto es la transparencia. Las organizaciones solicitaron acceso a la evaluación de impacto, a la opinión de la supervisión interna y a las actas de las reuniones. La Comisión Europea se negó, argumentando que incluso una divulgación parcial socavaría el proceso decisorio en curso. Justamente ese razonamiento convierte el caso en algo políticamente y legalmente delicado.

