El conflicto legal gira en torno a un préstamo de 150 millones de euros que debe servir como capital inicial para un programa de armas y defensa mayor. La Comisión considera esta cantidad como un primer paso en un plan de inversión mucho más extenso de varios miles de millones. Sin embargo, según el Parlamento Europeo, se trata de una decisión que requiere un examen democrático.
El proceso legal tiene especialmente un valor simbólico. La cuestión no se centra tanto en la cifra exacta, sino en el equilibrio de poder dentro de las instituciones europeas. Para el Parlamento, el control democrático es fundamental. Para la Comisión, la prioridad es la rapidez de actuación, en una época que, según ella, exige medidas inmediatas.
Las críticas no apuntan al aumento del gasto en defensa, sino a la forma en que la Comisión ha implementado dicho aumento. Los parlamentarios consideran que las instituciones europeas solo pueden tomar estas decisiones de forma conjunta. Ven la intervención de la Comisión como un menoscabo de su rol.
La Comisión defiende su proceder destacando la urgencia. Los comisarios subrayan que Europa debe fortalecer rápidamente su industria de defensa para fomentar nueva capacidad de producción e innovación. Los 150 millones de euros deben servir como palanca para futuras inversiones, que en los próximos años ascenderán a decenas de miles de millones.
La demanda de mayores gastos en defensa europea surge directamente de la creciente amenaza de Rusia. Bruselas advierte que la agresión rusa se está desplazando cada vez más hacia el oeste. Para poder responder adecuadamente, la Comisión considera inevitables inversiones fuertes y aceleradas en una industria propia de armas y defensa.
Además, el apoyo a Ucrania juega un papel central. La Comisión afirma que la Unión Europea debe prepararse para una responsabilidad mayor a largo plazo. Dado que Estados Unidos parece cada vez menos dispuesto a involucrarse, la UE debe garantizar por sí misma apoyo militar adicional a Kiev.
El Parlamento en Estrasburgo sigue dividido sobre cómo se deben emplear mejor los fondos. Algunas fracciones insisten en fortalecer los programas europeos conjuntos, mientras que otras prefieren proyectos nacionales de defensa. Esta división política es independiente del desacuerdo legal, pero hace que la toma de decisiones sea más compleja.
La presidenta Roberta Metsola anunció que el Parlamento llevará el caso ante el tribunal europeo. Con ello, los representantes buscan sentar un precedente: las decisiones sobre los presupuestos de defensa no pueden tomarse sin su consentimiento. En los próximos meses se verá cómo el tribunal evalúa la cuestión de competencia.