En Eslovaquia se están llevando a cabo varias investigaciones por fraude con fondos agrícolas europeos. La Fiscalía Europea ha presentado cargos contra individuos y empresas que utilizaron documentos falsos y reclamaciones por terrenos que no poseían. Gracias a inspecciones, se han suspendido pagos y recuperado fondos, evitando así daños adicionales.
Además, Politico reveló recientemente el caso Hacienda. En él, los fondos destinados a estimular alojamientos turísticos rurales fueron usados en realidad para la construcción de villas privadas para funcionarios y sus amigos. Según críticos, la agencia agrícola nacional eslovaca ha funcionado durante años como un "banco para oligarcas". La agencia lo niega, pero los partidos de la oposición exigen reformas estructurales y rendición de cuentas.
Las revelaciones han conmocionado la política eslovaca. Líderes opositores afirman que decenas de millones de euros han sido malversados por allegados al gobierno. Sin embargo, el primer ministro Robert Fico califica el escándalo como inventado y defiende los controles existentes. Organizaciones sociales advierten que la corrupción sistémica está profundamente arraigada y que los denunciantes son neutralizados en lugar de protegidos.
También en República Checa el abuso de fondos europeos vuelve a estar en la agenda. Radio Prague International reportó que el ministerio de agricultura exige la devolución de subsidios a Agrofert, el consorcio vinculado con el expresidente Babiš. Esto da un nuevo giro financiero a un expediente que lleva años causando tensiones con Bruselas.
A principios del próximo mes se celebran elecciones parlamentarias en República Checa. Babiš intentará entonces volver al poder.
El caso checo subraya que el uso fraudulento de fondos agrícolas europeos suele tener consecuencias a largo plazo. Mientras investigaciones anteriores ya mostraron vínculos entre redes políticas y estructuras de subsidios, las nuevas acciones legales obligan a correcciones financieras reales. Esto destaca la complejidad y persistencia de la interrelación entre política y intereses agrarios.
En Grecia, un amplio caso en torno a subsidios agrícolas se ha convertido en una crisis política nacional. Investigadores descubrieron que 1.036 números de identificación fiscal recibieron en conjunto aproximadamente 22,6 millones de euros en subsidios indebidamente. Muchas de esas reclamaciones se basaban en parcelas agrícolas no existentes y rebaños ficticios. La agencia griega ejecutora OPEKEPE está fuertemente bajo crítica por controles deficientes e interferencia política.
Las autoridades griegas han iniciado reclamaciones y embargos. Al mismo tiempo, el gobierno anunció que las funciones de OPEKEPE serán transferidas a la agencia tributaria para garantizar una supervisión más estricta. Una investigación parlamentaria que comienza el lunes deberá revelar cómo funcionarios y políticos permitieron durante años solicitudes, concesiones y pagos fraudulentos de subsidios.
Los tres casos juntos muestran que la Política Agrícola Común de la UE ha estado bajo presión durante años debido al abuso y la corrupción. Eslovaquia sufre deficiencias sistémicas, República Checa enfrenta las consecuencias del caso Agrofert y Grecia una investigación parlamentaria por fraude a gran escala. En todos los casos no solo se trata de recuperar millones, sino también de restaurar la confianza en el sistema de subsidios agrícolas europeos.