Con esta sentencia se pone fin a un procedimiento que se ha prolongado desde 2018. En ese momento, la Comisión Europea impuso a Google una multa récord porque la empresa obligaba a los fabricantes de teléfonos inteligentes a preinstalar varios de sus propios servicios por defecto en dispositivos Android. Según el regulador europeo, esto reducía las oportunidades para que los proveedores competidores llegaran a los usuarios.
La multa inicial ascendía a 4.340 millones de euros. Un tribunal europeo inferior confirmó las infracciones años después, aunque redujo el monto a aproximadamente 4.100 millones de euros. Google volvió a apelar, pero ahora también el tribunal europeo supremo ha dictaminado que la sanción se mantiene.
Restricción de la competencia
Los jueces concluyeron que Google usó su posición dominante con Android de una forma que restringía la competencia. Entre otros aspectos, los fabricantes estaban obligados a preinstalar Google Search y el navegador Chrome si querían usar Android en sus dispositivos. También se establecieron acuerdos que limitaban el espacio para versiones alternativas de Android.
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Durante el proceso, Google defendió que Android es una plataforma abierta y de acceso libre. Según la empresa, los usuarios siempre podían descargar aplicaciones competidoras por sí mismos y la evaluación europea no tomó suficientemente en cuenta las inversiones que el grupo ha hecho en el sistema operativo. Google subrayó además que los acuerdos relacionados con el caso ya han sido modificados.
Poder de mercado dominante
La sentencia encaja en una serie de investigaciones prolongadas de la Unión Europea sobre el poder de mercado de las grandes empresas tecnológicas. En los últimos años, Google ha recibido varias multas multimillonarias por violaciones de las normas europeas de competencia. Además, siguen en curso diversas investigaciones sobre las prácticas de grandes plataformas digitales.
Actualmente, la Unión Europea dispone también de nueva legislación que somete a las grandes plataformas en línea a normas más estrictas. Esta legislación pretende evitar que las empresas con posición dominante favorezcan sus propios servicios o excluyan a competidores. Así, los reguladores pueden intervenir antes y no sólo a través de procedimientos antimonopolio largos.
La sentencia subraya que la justicia europea respalda plenamente el enfoque de competencia de la Comisión Europea. De este modo, una de las multas más elevadas en la historia de Europa permanece vigente y la política europea frente a los mayores gigantes tecnológicos recibe una sólida confirmación jurídica una vez más.