Los firmantes de la carta —entre ellos Italia, Austria, Dinamarca y Polonia— hacen un llamamiento a un “diálogo franco” sobre la forma en que se aplica el Convenio Europeo de Derechos Humanos. Consideran que este convenio, y en especial las interpretaciones de los tribunales europeos, en la práctica obstaculizan con demasiada frecuencia la expulsión de personas sin estatus de residencia.
Los nueve países desean formalizar este debate durante una próxima cumbre europea, pero aún no está claro si existe suficiente apoyo dentro de la UE para ello. El contenido completo de la carta conjunta aún no se ha hecho público.
Su crítica se dirige principalmente a las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH). Según estos nueve países, dicho tribunal presta poca atención a los intereses nacionales de seguridad.
La acción sigue a un acuerdo previo de los líderes de la UE para ampliar el concepto de “tercer país seguro”. Esto permite que los solicitantes de asilo sean trasladados a países fuera de la UE, donde deben esperar el resultado de su procedimiento de asilo. Este enfoque forma parte de esfuerzos más amplios para controlar los flujos migratorios hacia la UE.
Organizaciones de derechos humanos han criticado fuertemente este nuevo enfoque. Señalan que el TEDH y otras instituciones de la UE han dictaminado repetidamente en el pasado que no se deben socavar los derechos de los migrantes, incluso cuando se trata de personas sospechosas o condenadas por delitos.
Según la primera ministra italiana Meloni, es necesario revisar el actual marco europeo de derechos humanos para combatir el “abuso del sistema”. Afirmó que el derecho a la protección no debe dar lugar a la permanencia indefinida de personas que representan un peligro para la sociedad.
Al mismo tiempo, dentro de la UE también hay críticas a esta orientación. Partidos socialistas y algunos comisarios europeos advierten que socavar la jurisprudencia del TEDH podría debilitar todo el sistema de protección de los derechos humanos en Europa. Temen que esto conduzca a desigualdad ante la ley y expulsiones arbitrarias.