La semana pasada, el Tribunal desestimó una demanda de la organización ambiental Antidote Europe contra la Comisión Europea. La organización quería anular la prórroga de diez años concedida en 2023. Según el juez, la Comisión ha investigado suficientemente los posibles riesgos de cáncer.
Los jueces determinaron que los reguladores europeos no necesitan probar de forma concluyente que una sustancia es segura antes de su autorización. La Comisión Europea pudo basarse en la evaluación científica previa. Dos estudios adicionales fueron desestimados por razones procesales.
Bayer
La empresa química Bayer, fabricante de Roundup basado en glifosato, apoyó a la Comisión en el proceso judicial. Antidote Europe debe pagar los costes del juicio de la Comisión. La organización todavía puede apelar. Mientras tanto, los países de la UE pueden seguir imponiendo restricciones nacionales al uso del glifosato, como ha hecho Francia hasta ahora.
La sentencia coincide con la intención de Bruselas de simplificar de manera significativa la autorización de pesticidas. La Comisión propone que la mayoría de las sustancias activas no se reevalúen automáticamente tras su aprobación inicial. Sin embargo, nuevos conocimientos científicos podrían motivar una nueva evaluación.
Los científicos
Actualmente, tras la primera autorización por un máximo de diez años, sigue una reevaluación, a la que le siguen investigaciones cada quince años. Más de quinientos científicos advierten que eliminar estos controles conlleva riesgos para la salud y el medio ambiente. Exigen primero investigaciones independientes sobre las consecuencias.
Los países de la UE quieren ir menos lejos que la Comisión y mantener períodos limitados de autorización para la mayoría de las sustancias. El Parlamento Europeo aún debe pronunciarse. A principios de diciembre se esperan votaciones en comisión, seguidas por una votación del pleno a mediados de diciembre.
Sin alternativa
Los partidarios de la flexibilización señalan años de retrasos en la autorización de nuevos productos. También los alternativos orgánicos están disponibles muy lentamente. Las organizaciones agrícolas temen costes más altos y problemas de producción si los pesticidas existentes desaparecen antes de que haya sustitutos disponibles.
Los opositores alertan sobre riesgos para la salud de los trabajadores agrícolas. Las investigaciones vinculan la exposición a ciertos pesticidas con el Parkinson. Solo Francia, Alemania e Italia reconocen esta enfermedad como enfermedad profesional. Los sindicatos reclaman mejor protección, registro de exposiciones y posibilidades de indemnización.
Menor efecto
Mientras tanto, la Comisión ha prorrogado temporalmente la autorización de 26 sustancias activas porque sus reevaluaciones aún están en curso. También en otras medidas agrícolas la protección ambiental avanza con dificultad: las subvenciones europeas para reducir la emisión de nitrógeno en varios países produjeron en 2023 menos resultados de los previstos.
