Apple se opone desde la entrada en vigor en 2022 a la Digital Markets Act (DMA). La ley obliga a las grandes empresas tecnológicas a abrir sus plataformas y dar acceso a la competencia para evitar abusos de poder. Apple considera que las normas conducen a un peor servicio, menor seguridad y retraso en nuevas funciones para los consumidores europeos.
Un ejemplo concreto es la traducción en vivo a través de los AirPods. Apple dice que esta función estará disponible más tarde en Europa porque sus ingenieros deben verificar primero si la tecnología cumple con todos los requisitos de la UE. Además, la empresa afirma que la cooperación obligatoria con otras marcas (¡competidoras!) afecta la facilidad de uso y la privacidad de los usuarios. Según Apple, otras compañías podrían beneficiarse sin invertir ellas mismas.
Por eso, la empresa exige la retirada de las normas DMA o, de lo contrario, presenta una lista de modificaciones. Entre ellas, aboga por un organismo regulador independiente, separado de la Comisión Europea. Apple califica a la Comisión como un árbitro no neutral y asegura que las decisiones sobre la aplicación están influidas por presiones políticas.
La Comisión Europea señala que la DMA se aplica solo a los llamados guardianes: plataformas con tantos usuarios y poder en el mercado que otros apenas pueden evitar depender de ellas. Apple pertenece a esta categoría, Samsung no. Apple dice que esto es injusto y afirma que la DMA en realidad crea un campo de juego desigual.
En abril, Apple recibió una multa de 500 millones de euros por obstaculizar a desarrolladores de aplicaciones que querían dirigir a los usuarios de internet a opciones más económicas fuera de la App Store. Fue la primera multa bajo la directiva DMA. Apple apeló, pero mientras tanto ha adaptado su política para evitar nuevas sanciones.
Según Apple, las normas de la UE dificultan hacer negocios en Europa. La empresa advierte que ciertos productos, como el Apple Watch, podrían dejar de comercializarse en el mercado europeo. También afirma que la DMA expone a los consumidores a riesgos de aplicaciones fraudulentas, sistemas falsos de pago y problemas de privacidad que antes no conocían.
Actualmente, la UE está evaluando las normas DMA que hasta ahora eran voluntarias. Las empresas podían dar su opinión sobre el funcionamiento de la ley y su aplicación a nuevas tecnologías. Apple aprovechó este momento para presentar su petición. Sin embargo, de momento la Comisión mantiene las normas y subraya que su cumplimiento es obligatorio, aunque implique tiempo para las empresas.
El conflicto ocurre en un contexto más amplio de tensiones transatlánticas. El presidente estadounidense Donald Trump ha amenazado varias veces con medidas comerciales contra países que perjudiquen a las empresas tecnológicas de EE.UU. Ha calificado las normas europeas como una forma de censura y una amenaza a la libertad de expresión.