En los llamados 'centros de retorno' deben alojarse los inmigrantes durante el trámite de su solicitud de asilo, o a donde pueden ser devueltos los solicitantes de asilo rechazados de países de la UE. La primer ministra italiana Meloni comenzó esto hace unos meses en Albania, pero fue revocado por los tribunales italianos.
Kristersson y Nehammer argumentaron que solo el veinte por ciento de los migrantes rechazados abandona realmente la UE. Según Kristersson, se necesitan nuevas estrategias para hacer cumplir las reglas existentes y garantizar la integridad de la política migratoria. Nehammer añadió que, sin una acción conjunta, la credibilidad de la UE está en juego.
El plan contempla la creación de centros de acogida en terceros países seguros, como Albania o Serbia, donde los migrantes puedan permanecer hasta que se resuelva su situación. Estos países recibirían a cambio apoyo financiero o político de la UE. La iniciativa no solo debe aumentar la eficiencia de las deportaciones, sino también desalentar la migración ilegal, según Kristersson.
La presión política para abordar la migración es alta. Partidos de derecha en muchos países de la UE exigen leyes migratorias más estrictas. Durante el Consejo Europeo de octubre ya se discutió cómo los terceros países pueden desempeñar un papel en el control de los flujos migratorios.
No falta la crítica a los planes. Organizaciones de derechos humanos advierten sobre dilemas éticos y violaciones de leyes internacionales en tales centros de acogida. Los opositores señalan los riesgos de la ‘externalización de responsabilidades europeas’ a países fuera de la Unión. Sin embargo, los partidarios afirman que este enfoque es necesario para mantener el sistema migratorio viable.