La mayoría de los países de la UE están dispuestos en la nueva política agrícola común (PAC) a ceder un poco más a las demandas del Parlamento Europeo y de la Comisión Europea.
Con la mayoría de los ministros de Agricultura se puede dialogar sobre un aumento de las subvenciones agrícolas para las medidas del Pacto Verde, sobre la limitación de las ayudas de la UE a las grandes empresas agroalimentarias, la inclusión de leyes sociales (laborales) y más subsidios agrícolas para el bienestar animal.
En una reunión informal por video el pasado lunes, la mayoría de los ministros de Agricultura aprobaron esta aproximación al Parlamento Europeo y a la Comisión Europea, intentando que la negociación tripartita del viernes 30 de abril en Bruselas sea un éxito. Previamente, la presidencia rotatoria de la UE, Portugal, declaró que abril sería la última oportunidad para los detalles, porque en la super-trílogo de los días 25 y 26 de mayo se debe cerrar el acuerdo. Esta cumbre agrícola coincide con la reunión semestral de ministros de Agricultura.
La proporción de fondos agrícolas para medidas de Medio Ambiente y Clima (‘eco-esquemas’) en la gestión agraria se incrementa ahora por los ministros de un 20% inicial a un 22% en 2023 y 2024, y hasta un 25% en 2025. Así, los ministros siguen una concesión similar realizada anteriormente en Alemania. Se argumentó que los agricultores no solo deben ser compensados por los costes (o costes evitados) de los eco-esquemas, sino que además deben poder obtener un beneficio.
También los ministros de Agricultura atienden la petición de la Comisión Europea y del Parlamento Europeo para, finalmente, abordar en el sector agrícola la larga discusión sobre un 'estándar social' en toda la UE en cuanto a salarios mínimos, derechos laborales y contra el trabajo no declarado.
Especialmente los trabajadores temporales (extranjeros) contratados para la cosecha siguen siendo en algunos países mal pagados o explotados. Ahora se plantea un sistema de multas. La ministra portuguesa Maria do Céu Antunes aseguró el lunes "que se llegará a un acuerdo".
Además, parece que el viernes en el trílogo se puede alcanzar un acuerdo para poner fin a los excesivos flujos de subvenciones europeas hacia las grandes empresas agropecuarias. Los países podrán elegir entre tres opciones: un límite máximo (que solo afecta a los grandes), una reducción porcentual (que afecta a todos), o una redistribución (a favor de los pequeños, que pagarán el resto).
Los países que no colaboren podrán ser recortados en sus pagos (es decir: serán multados). Esto ya ocurre con Chequia, donde la mayor empresa agrícola (Agrofert) pertenece al primer ministro (Babis), y donde solo unas pocas decenas de empresarios reciben tres cuartas partes de las subvenciones agrícolas de la UE.
Por lo menos cinco países (Grecia, Croacia, Chipre, Hungría y Rumanía) todavía están en contra de la redistribución propuesta de las subvenciones agrícolas, porque en su opinión no se corrigen las “desigualdades existentes entre países de la UE”.
A pesar de las aproximaciones, todavía hay obstáculos y desacuerdos suficientes que pueden hacer fracasar las negociaciones del trílogo. En varios aspectos, algunos países pueden mantener firmes sus posiciones, o los comisarios de la UE o europarlamentarios pueden insistir en sus propios enfoques y visiones. La cuestión es si sostienen plenamente su postura o si se conforman con la mitad o menos.
Algunos puntos explosivos e aún no definidos incluyen la reducción de pesticidas químicos (mínimo 50% en 2030), menos fertilizantes artificiales (mínimo 20% en 2030), agricultura ecológica en el 25% de la superficie (solo de tierras de cultivo o de toda la superficie agrícola), protección de franjas a lo largo de cursos de agua (¿cuántos metros?) y rotación de cultivos (3, 4 o 5 % de las tierras de cultivo).
En la nueva política agrícola común, parte de la ejecución, control y supervisión europea se transferirá de nuevo a los países de la UE, que además podrán descentralizar sus competencias a estados federados y regiones. Por ello, la política agrícola europea será menos uniforme y vinculante, y podrán surgir medidas transitorias y excepciones por país.
La Comisión Europea negociará con cada país sobre su enfoque y su aplicación de las condiciones de las subvenciones de la UE.