El Defensor del Pueblo Europeo considera que la Comisión Europea debió haber examinado mejor los aspectos medioambientales del acuerdo comercial con los cuatro países sudamericanos de Mercosur. La Defensora Europea Emily O’Reilly habla de un “mal gobierno” que debe evitarse en el futuro.
El defensor tramitó una queja de cinco organizaciones medioambientales. Estas acusan a la Comisión de haber concluido en junio de 2019 las negociaciones comerciales con Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay sin realizar un estudio actualizado sobre las posibles consecuencias ecológicas y sociales.
No solo las organizaciones medioambientales sino también las asociaciones agrícolas europeas acusan a la UE de imponer diversas normas medioambientales a la producción de alimentos en los países de la UE, pero no a los alimentos importados de esos países de Mercosur. Como resultado, la UE hace poco para frenar la continua deforestación de la selva brasileña.
Firmar un acuerdo comercial sin haber investigado plenamente antes sus posibles consecuencias amenaza con socavar los valores europeos y el debate público sobre los méritos del acuerdo, dice O’Reilly. Además, señala que la UE se expone a “la crítica de no tomar en serio todas las preocupaciones”.
El destino del acuerdo comercial es ahora incierto. Varios gobiernos de la UE ya han presentado protestas. Para mantener el acuerdo, la Comisión está intentando obtener compromisos adicionales de Brasil.