La Comisión Europea argumenta que Malta, con su sistema por el cual extranjeros ricos pueden obtener un pasaporte maltés previo pago, actúa en contra del derecho europeo. Afirma que la ciudadanía de la UE no puede ser objeto de compra y que los países de la UE no deben usar sus competencias nacionales para socavar los derechos de la Unión.
El gobierno maltés sostiene que la concesión de la ciudadanía es una competencia nacional exclusiva y seguirá siendo así. Según Malta, la política es completamente legal y el país ha sido riguroso al examinar a los candidatos. El primer ministro Robert Abela ha enfatizado repetidamente que Malta decide por sí misma quién se convierte en su ciudadano.
El caso saltó a la luz pública en 2017 gracias a las publicaciones de la periodista maltesa Daphne Caruana Galizia, que revelaron vínculos entre políticos malteses y empresarios ricos con el mundo criminal internacional. Fue asesinada con una bomba por encargo de delincuentes adinerados, aunque los responsables pudieron ser identificados.
El caso de los 'pasaportes dorados' tomó nueva relevancia después de que se revelara recientemente que algunos ricos rusos con pasaportes malteses ya estaban sancionados por la UE debido a su implicación en la guerra de Ucrania. Financial Times informó que ciudadanos rusos sancionados obtuvieron la ciudadanía de la UE a través del programa maltés, lo que generó preocupaciones adicionales sobre riesgos de seguridad.
Según Transparencia Internacional, la venta de pasaportes mediante programas de inversión socava los valores fundamentales de la Unión Europea. La organización hace un llamado a reglas más estrictas y mayores mecanismos de control para evitar que estas prácticas sean usadas para blanqueo de dinero o eludir sanciones.
En fases anteriores, la Comisión Europea ya había advertido formalmente a Malta. Señaló que el sistema afecta no solo intereses nacionales sino también europeos, ya que la ciudadanía de la UE otorga derechos en todos los estados miembros. Hasta ahora, Malta ha mantenido su programa, aunque con algunas modificaciones.
El programa, implementado en 2014, ha generado ingresos significativos para Malta. Según Outbound Investment, la venta de pasaportes ha aportado cientos de millones de euros. Sin embargo, los opositores señalan que el beneficio financiero no compensa el posible daño a la reputación de la UE.
El fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea probablemente tendrá grandes consecuencias para Malta y posiblemente para otros países con programas similares, como Chipre. El juicio se considera una prueba de los límites de la soberanía nacional dentro del proceso de integración europea.