Según el gobierno de Madrid, la declaración de independencia fue contraria a la constitución española y punible. Por ello, Puigdemont y dos colaboradores, Toni Comín y Clara Ponsatí, se exiliaron en Bélgica, y Puigdemont fue elegido en 2019 en el Parlamento Europeo.
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dictaminado que no gozan de inmunidad porque sus actos no están directamente relacionados con su función como eurodiputados. Esto significa que pueden ser extraditados a España, donde están siendo buscados por su implicación en el referéndum independentista de Cataluña en 2017, considerado inconstitucional por las autoridades españolas.
La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea representa una gran victoria para el gobierno español, que lleva tiempo intentando llevar a Puigdemont y a otros líderes separatistas catalanes ante la justicia.
Carles Puigdemont, el más destacado de los tres políticos, huyó de España poco después del referéndum de independencia y se estableció en Bélgica para escapar de la persecución. Desde entonces ha intentado continuar su lucha política por la independencia catalana desde el extranjero.
La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea también ha generado reacciones encontradas en Cataluña. Los partidarios de la independencia la ven como un ataque a sus derechos democráticos y acusan a la Unión Europea de parcialidad a favor de España. Creen que los políticos catalanes están siendo perseguidos por ejercer sus legítimos derechos políticos.
Puigdemont ya ha anunciado que apelará la decisión ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en Estrasburgo. Afirma que se han violado sus derechos de libertad de expresión y actividad política, y tratará de evitar su extradición a España.
Esta sentencia marca un punto de inflexión importante en el caso de los líderes separatistas catalanes. Levantar su inmunidad abre la puerta a su extradición a España, donde se enfrentarán a la justicia española y deberán rendir cuentas por su papel en el referéndum de independencia de 2017.
La extradición de los políticos catalanes a España aún depende de la decisión de las autoridades belgas. Bélgica debe aceptar la entrega y puede considerar diversos factores legales y políticos antes de tomar una decisión definitiva.