En febrero, la Comisión propuso un amplio paquete de medidas de desregulación, incluyendo una “simplificación omnibus” que exime a miles de pequeñas empresas de las obligaciones relacionadas con la sostenibilidad y la presentación de informes climáticos.
La defensora Teresa Anjinho señala que la Comisión no realizó un análisis de impacto, una consulta pública ni un estudio de coherencia antes de retirar estas obligaciones.
Critica el proceso extremadamente acelerado: consultas internas dentro de la Comisión Europea que duraron solo 24 horas en lugar de los habituales diez días. No se ha demostrado ninguna situación de emergencia que justifique tal prisa, según la defensora.
La Comisión se defiende argumentando que las pequeñas empresas ya estaban sujetas a las normas de sostenibilidad este año y que necesitaban con urgencia claridad dentro del programa de estímulo económico.
Organizaciones medioambientales y de consumidores expresan su preocupación de que renunciar a las evaluaciones y controles obligatorios para las pequeñas empresas pueda causar un aumento en los daños al medio ambiente y al clima, así como un deterioro en la calidad de los productos.
Estas organizaciones afirman que la Comisión ha violado los procedimientos de “mejora legislativa”, al no organizar consultas públicas, no realizar un estudio de impacto y no justificar por qué la carga regulatoria fue reducida de forma repentina.
La defensora señala que eliminar reglas de forma precipitada sin un estudio previo puede socavar la confianza en Bruselas y perjudicar la transparencia democrática dentro de las instituciones de la UE.
Según los procedimientos vigentes, la Comisión Europea debe responder por escrito a las preguntas de la defensora a más tardar el 15 de septiembre.